La administración estadounidense evalúa aplicar un gravamen del 12,5% a socios en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso.
Donald Trump insiste con su guerra comercial y podría imponer más aranceles a Uruguay y otros países.
El gobierno de Donald Trump avanza con la posibilidad de imponer nuevos aranceles de hasta el 12,5% a un conjunto de 60 países, entre los que se encuentra Uruguay, a partir de lo que entienden como una aplicación ineficiente de la prohibición del ingreso de productos realizados a partir de mano de obra forzada.
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La administración Trump continúa con su política comercial agresiva, cuya principal herramienta es la imposición de aranceles a sus socios: a partir de una investigación iniciada en marzo pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso imponer un gravamen adicional del 12,5% a las importaciones de 60 países sobre los cuales identificó "falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso", que "obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
El anuncio, consignado por ABC, fue encabezado por el representante de Comercio, Jamieson Greer, que consideró que “la falta de acción de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes hechos con trabajo forzoso es inaceptable”. La medida está amparada en la sección 301 de la ley de Comercio de 1974, y afectaría al 99% de las importaciones de Estados Unidos.
Uruguay no solo está incluido entre los 60 países que incumplirían la normativa citada por la USTR, sino que, además, forma parte del grupo de 46 economías a las que se aplicaría el máximo arancel propuesto (12,5%). En este conjunto también están Brasil, Chile, China, India, Japón y la Unión Europea (UE). En tanto, otros 14 países —entre ellos, Argentina, Canadá, México y Reino Unido— quedarían sujetos a un arancel del 10%, según especificó el medio Político.
Según el director del Instituto de Negocios Internacionales (INI) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Ignacio Bartesaghi, se trata de "una decisión discrecional basada en aspectos políticos". Asimismo, aparece como una estrategia de la administración Trump para sortear el fallo de la Corte Suprema estadounidense que declaró inconstitucionales los aranceles masivos aplicados en el marco de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Según informó La Mañana, la industria exportadora se mantiene a la espera por lo que podría significar este nuevo arancel sobre los negocios del país, sobre todo para sectores como el textil, el software y los servicios globales.
Lo cierto es que la decisión de imponer nuevos aranceles todavía no está firme, y la USTR abrió un período de consultas públicas que se extenderá hasta el 6 de julio, y el 7 del mismo mes tendrá lugar una audiencia pública. De todos modos, es altamente probable que se confirmen antes del 24 de julio.
En el caso uruguayo, el país no está acusado de producir con trabajo forzoso, sino de no contar con una ley específica que impida el ingreso de productos provenientes de cadenas de suministro que utilicen este tipo de mano de obra. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consideran que es una "nueva exigencia que llegó para quedarse", pero igualmente buscarán demostrar documentalmente que Uruguay cumple con los estándares. La complejidad estará en contrarrestar una decisión que, aparentemente, sería discrecional.