El Banco Central del Uruguay busca reforzar los controles para evitar un nuevo Conexión Ganadera

La entidad presentó una iniciativa para ampliar su perímetro regulatorio para prevenir actividades financieras no autorizadas como la de los fondos ganaderos.

El Banco Central del Uruguay busca reforzar los controles para evitar que se produzca un caso similar al de Conexión Ganadera.

El Banco Central del Uruguay (BCU) busca ampliar su perímetro regulatorio, es decir, sus competencias de supervisión y control, a través de una iniciativa incluida en el proyecto de ley de Presupuesto, y con el objetivo de evitar estafas como la que llevó a cabo Conexión Ganadera.

La estafa millonaria de Conexión Ganadera, así como las que protagonizaron otros fondos ganaderos en un corto lapso de tiempo, puso en evidencia los grises que existen en la regulación de este tipo de actividades en el país. De hecho, en plena transición de gobierno, fue el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, el que apuntó la responsabilidad del BCU sobre la deuda de 250 millones de dólares de la empresa de Pablo Carrasco y Gustavo Basso; pero en ese entonces, sus autoridades fueron claras: las inversiones en cuestión no podían ser catalogadas como "financieras", por los que el Banco Central no tenía competencia.

"Son contratos de capitalización ganadera, por lo cual no quedan dentro del marco regulatorio. Si se pretenden que estén, habría que hacer un cambio regulatorio", señaló entonces quien era el presidente del banco, Washington Ribeiro.

Un proyecto para ampliar las competencias regulatorias

Es en ese sentido en el que avanza el proyecto presentado por el BCU, bajo su nueva gestión, dentro del articulado del Presupuesto que trata el Senado. Según explicó la vicepresidenta del Banco Central, Ana Claudia de los Heros, se busca "ampliar alguna de las capacidad que tiene el banco en cuanto a su perímetro regulatorio".

"Creemos que hay algunas instituciones que deberían pertenecer al perímetro regulatorio, al menos con algunos cuidados de riesgos, por ejemplo de prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y, eventualmente, que tengan que ver con oferta pública de instrumentos que no estén autorizados, por ejemplo, entidades como las que vimos de fondos ganaderos, porque en realidad son entidades que ofrecían servicios con sector real, y el Banco Central trabaja en el sistema financiero, entonces no están dentro de la definición de entidad financiera", apuntó la jerarca.

"Queremos tener potestades para observar los procesos y ser nosotros los que definamos si, efectivamente, están haciendo una función financiera, más allá de que de nombre posiblemente no lo hayan dicho" continuó de los Heros, y agregó que serían las mismas autoridades del BCU las que determinen la clasificación "y, por lo tanto, la supervisión y la regulación necesaria".

Consultada sobre si una medida como la que se impulsa actualmente podría haber evitado lo que sucedió con Conexión Ganadera, la vicepresidenta del BCU sostuvo que "no es fácil hacer ese tipo de afirmaciones": "Sí creemos que hoy el mercado nos pide que ampliemos un poco más nuestro perímetro regulatorio", concluyó.

Un paraguas de protección para los inversores

La iniciativa incluida dentro del Presupuesto va en la misma línea que el borrador de proyecto de ley presentado por el BCU ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en junio pasado, frente la evidencia de que el marco legal vigente de la autoridad monetaria deja a ciertas empresas, como las del sector ganadero, fuera del perímetro de regulación y supervisión, ya que no realizan intermediación financiera ni oferta pública de valores, sino que convocan a la inversión en activos de la economía real.

Por esta razón, se presentó una serie de propuestas orientadas a “reforzar las potestades del BCU para supervisar y reglamentar a aquellas personas físicas o jurídicas que, independientemente de su actividad principal, realicen un llamado público a la inversión con expectativa de retorno”.

Para las autoridades del Banco Central, esta reforma deberá estar orientada a prevenir fraudes y ser concebida dentro de “una visión integral del diseño futuro del sistema financiero con una adecuada protección de los usuarios”.

“Es importante que los cambios legales y regulatorios se adapten a la realidad nacional, promuevan la eficiencia de costos, refuercen la protección del inversor minorista y eviten cambios regulatorios abruptos, proponiendo requerimientos en diferentes escalas, sin penalizar el desarrollo de las empresas”, expresaron.