El BPS analiza una amnistía para abordar la problemática de más de 60.000 deudores

La propuesta fue presentada por el director en representación de los empresarios, José Pereyra, y se plantea como excepcional y transitoria.

El BPS analiza la posibilidad de otorgar una amnistía a más de 60.000 deudores en Uruguay.

Foto: BPS

El director del Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, propuso una amnistía para los más de 60.000 deudores que mantienen compromisos con la entidad y, por dicha razón, no podrán jubilarse en Uruguay.

En el país son 60.000 las personas que, por algún motivo, incumplieron pagos con el BPS y, por lo tanto, tienen deudas con el organismo. El número crece todavía más si se contemplan, además de las cuentas unipersonales, las sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Con mayor o menor conocimiento sobre estas deudas, el punto en común es que las mismas impiden la jubilación.

Por este motivo, el representante de los empresarios en el directorio de la entidad, José Pereyra, elaboró junto al Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) una propuesta de régimen de facilidades de pago para contribuyentes, tal y como informó El Observador.

La misma se hizo a partir de un listado al que accedió el director, con la cantidad de unipersonales con deudas. Allí se encontró con diferentes tipos de casos, entre ellos trabajadores que no pueden ser enviados al seguro de paro; y una viuda que debía hacerse cargo de la deuda de su marido fallecido para poder acceder al cobro de la pensión.

El denominador común es la imposibilidad de pago por distintas circunstancias que, luego, se empeora debido a las altas moras y multas.

Una amnistía para la jubilación

Pereyra realizó un estudio con el contador Gustavo Viñales del Cinve para respaldar la propuesta de amnistía o régimen de facilidades de pago para estas más de 60.000 personas que, en las circunstancias actuales, no pueden jubilarse o acceder a subsidios que les corresponden por las deudas.

El proyecto señala que una amnistía tributaria es una oportunidad excepcional y transitoria para regularizar las obligaciones tributarias a través de la condonación de intereses, multas y recargos; o bien, de una condonación parcial del monto de la deuda original.

Entre los argumentos mencionados para otorgar este beneficio, se mencionan la pandemia de Covid-19 —causas por desastres naturales—; la reciente sanción parlamentaria de la reforma de la seguridad social —causas económicas y políticas—; y la posibilidad de que el BPS pueda recuperar deudas con alta morosidad, así como regularizar un gran número de personas físicas y de empresas —aspectos tributarios.

En este sentido, la regularización de esos contribuyentes no solo sería beneficiosa para el banco, que lograría ingresos en situaciones que, de otra manera, no podría recuperar; sino que, también, resulta fundamental para mejorar la productividad de las mipymes y para ofrecerles una oportunidad de continuar aportando esfuerzo productivo, según señala la propuesta de Pereyra y Viñales.

El estudio concluye que la implementación de la amnistía debe, asimismo, cuidar aspectos que determinen el cumplimiento de sus objetivos deseados, ya que el caso contrario puede desprestigiar el sistema tributario y restar credibilidad al BPS. De esta forma, no se plantea como un sistema para perdonar deudas, sino de contribuir con condiciones más flexibles al pago de las mismas.