Este lunes, el líder y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, anunció que llegó a un acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou sobre los cambios propuestos por el partido a la reforma de la seguridad social, entre ellos, se encuentra la derogación progresiva del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), una decisión que genera incertidumbre ya que, uno de los objetivos de la reforma era disminuir el déficit del Banco de Previsión Social (BPS).
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El IASS es uno de los impuestos que financia el funcionamiento del BPS, es por eso que la decisión del gobierno se percibe como contradictoria, teniendo en cuanto cuales fueron las intenciones que impulsaron esta reforma.
Otra de las modificaciones que se acordaron para poder seguir adelante con las discusión del proyecto fue la disminución de los años para el calculo de los haberes jubilatorios, pasando de 25 a 20 años. Esto, según el redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, basándose en las previsiones técnica, provocaría una falla en las sustentabilidad de la reforma.
¿Cuál es la participación del IASS en las cuentas?
Este no es un tema nuevo sobre la mesa: previo al 2 de marzo y el discurso de Rendición de Cuentas del presidente, con el anuncio de la rebaja tanto en el IASS como en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya se hacían estimaciones en torno al impacto que tendría la modificación impositiva en las cuentas públicas del Estado. Ya entonces se hablaba de una aumento del déficit fiscal como consecuencia directa de una menor recaudación.
Durante el 2022, el IASS aportó ingresos por 14.893 millones de pesos a las arcas del Estado y supuso una participación del 2,5% en el Producto Bruto Interno (PBI) del país el año en que el déficit fiscal total fue del 3,4% —en febrero se mantuvo en los mismos niveles. Con la rebaja del impuesto aprobada en el Parlamento de forma exprés en marzo, el gobierno avanzó en una renuncia fiscal de 30 millones de dólares—solo respecto del tributo sobre la asistencia de la seguridad social— que, a su vez, tuvo un impacto directo sobre los ingresos del BPS.
Si se considera un ingreso similar para el año en curso, se podría hablar de un 7,8% menos de recaudación anual en un organismo que, a través de la reforma de la seguridad social, busca mejorar su estado de financiamiento. El impacto de la rebaja, según el gobierno, puede ser solventado a través de la consolidación fiscal lograda en los últimos años; mas una reducción del 100% —con la derogación del impuesto— supondría un deterioro sustancial en las cuentas de la institución y una contradicción misma con el objetivo del proyecto que se debate en Comisión Especial de la Cámara de Diputados. En todo caso, quedaría una pregunta sin responder: de dónde sacar los recursos para compensar la merma de ingresos al BPS.
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