La Caja de Profesionales Universitarios busca complementar los cambios que establece la reforma de la seguridad social en Uruguay.
La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados comenzó a recibir delegaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) de Uruguay; entre ellas, estuvo el grupo en representación de la institución, encabezado por su presidente Virginia Romero.
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Mientras la iniciativa sigue sumando rechazos desde diferentes gremiales profesionales y de afiliados, Romero explicó en el Parlamento que las propuesta que realizó el directorio de la Caja de Profesionales finalmente no fue la que el Poder Ejecutivo envió al recinto para ser tratada y aprobada antes del 27 de octubre.
Por esto mismo, la delegación planteó algunas modificaciones.
Una de las modificaciones solicitadas fue en relación al “apalancamiento” financiero del gobierno; es decir, la asistencia económica que provendrá directamente de las arcas del Estado, la cual está ligada a un aumento de la tasa de aportación prevista para el 2025.
“Consideramos que la asistencia financiera tiene que venir desde el primer momento, y no estamos de acuerdo con que la tasa vaya del 19% al 22,5%. ¿Por qué? Porque el 19% no es un número caprichoso que se nos haya ocurrido, sino que es un estudio que la Caja ha hecho, que tiene sensibilidad y un sustento”, afirmó Romero.
En este sentido, sostuvo que desde la Caja consideran que el máximo planteado en el proyecto que ingresó a la Cámara Baja “no es lo adecuado para nuestro colectivo”.
Ante la posibilidad de que el déficit persistiera más allá del 2036, Romero señaló que solicitan que “quede determinado que la asistencia financiera tiene que venir siempre que no se den los supuestos” del Poder Ejecutivo.
Otra de las modificaciones que solicitaron fue “un pequeño aumento en algunos de los timbres profesionales”, sobre todo teniendo en cuenta que el 30% de los ingresos de la Cjppu se basa en estos. “ Nosotros no planteamos un aumento de todos los timbres, sino de los que tienen mayor recaudación; son pequeños aumentos que consideramos de estricta justicia”, afirmó la presidenta ante la comisión parlamentaria.
Asimismo, sostuvo que el valor de los timbres se actualiza por el Índice de Precios del Consumo (IPC), mientras que las pasividades lo hacen por el Índice Medio de Salarios (IMS), por lo que reclamó “igualar la fórmula”, en donde “los valores de los timbres se pudieran ajustar por IPC o por IMS”.
En tanto, otro de los reclamos se centró en que el destino del IASS que tributan los pasivos de la Caja de Profesionales sea destinado a esa institución “a fin de ayudar a paliar el déficit”.
“En realidad, podría ser algo transitorio, pero creemos que en este momento nuestros afiliados están sustentando el déficit del Banco de Previsión Social (BPS) cuando nuestra propia Caja tiene problemas más serios”, sostuvo Romero.
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