El ministro de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, compareció este miércoles en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, respondió a las críticas de la oposición sobre los impuestos a “sustancias activas de alta peligrosidad” utilizadas en productos fitosanitarios y aseguró que es "una cuestión ambiental".
En rueda de prensa, posterior a su participación en la comisión de Presupuesto, el ministro defendió el nuevo impuesto fitosanitario a plaguicidas altamente contaminantes frente a las críticas de la oposición. Ortuño aseguró que no tiene fin recaudatorio, sino ambiental y que está dirigido a productos identificados por la Organzación Mundial de la Salud (OMS) como de alto riesgo y que gran parte del sector productivo ya no lo utiliza.
"Es una medida concreta para promover la producción sostenible y para desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes, de alta afectación al ambiente y a la salud humana”, dijo el ministro a la prensa. En ese sentido, añadió la medida tiene como objetivo posicionar al Uruguay en el mercado internacional. "Están cada vez son más exigentes y restrictivos en plantear a los productos que llegan, por ejemplo, a Europa, cuya normativa más exigente entra en vigencia en el 2025”, explicó.
En tanto, añadió que desde el Ejecutivo se fomentará un cambio gradual en el sector con el objetivo de promocionar bioinsumos. "Este proyecto de presupuesto los declara como de interés nacional en su promoción”, aseguró.
Las quejas de la oposición
El diputado del Partido Nacional (PN), Sebastián Andújar, consideró que “no está comprobado mundialmente” el efecto de este tipo de tributos y advirtió que pueden llevar a un encarecimiento de los precios en el sector, al cuestionar la medida durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ante la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Andújar consideró que el artículo “es bastante incoherente, porque es difícil determinar su alcance”, lo que a su entender deja claro que “es otro más de aquello que quieren recaudar para darle ingresos de uso al Estado sin un fin específico, tiene cero fin ambiental”.
Con respecto a su posible impacto en los precios y la inflación del sector, advirtió: “Lo que se logra es ingresar a la cadena de pagos y que los productos se encarezcan más, como las frutas y hortalizas”.