La Cámara de Zonas Francas asegura que el impuesto mínimo global podría afectar la competitividad y las inversiones

Los empresarios del régimen especial insisten en que la medida pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

El impuesto mínimo global, impulsado por la OCDE, genera divisiones en Uruguay por sus posibles efectos en el régimen de zonas francas.

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Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, planteó este lunes que el nuevo impuesto mínimo global merece un análisis más profundo y que no debe abrocharse al nuevo proyecto de Presupuesto.

En entrevista con Informativo Carve, Buero afirmó: "Hay tiempo para trabajar en el impuesto mínimo global por fuera del Presupuesto". Además, comentó que han mantenido intensos diálogos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero que no comparten las razones alegadas para incluir el tributo dentro del Presupuesto. Dijo que también han advertido al gobierno que existe un riesgo de que empresas demanden a Uruguay.

"El riesgo no está solo en el juicio sino en la confianza, sino en lo que veníamos ofreciendo que era que Uruguay respeta las reglas de juego", expresó. Según Buero, Uruguay no tiene urgencia en aprobar este impuesto, ya que se juega mucho en términos de competitividad para captar inversiones. "Lo que busca el impuesto es afectar la competitividad para captar inversiones en países como el nuestro", añadió.

El empresario profundizó sobre la neutralidad del impuesto mínimo global: dijo que esa neutralidad solo se sostiene en un escenario muy optimista y que "si una empresa define no pagarlo en Uruguay, esa neutralidad termina dependiendo de la voluntad de la empresa".

Contexto y repercusiones

El impuesto mínimo global es una propuesta que se inspira en normas internacionales como las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que aparece en el proyecto de Presupuesto bajo la figura de Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (artículo 662).

En el Parlamento, la Cámara de Zonas Francas ha señalado que dicho artículo resulta "inoportuno" e "innecesario" y conlleva riesgos para la inversión, empleo y recaudación generada por el régimen que promueve zonas francas.

Buero sostuvo que el régimen de zonas francas es uno de los principales instrumentos de Uruguay para atraer inversión extranjera: más de 1.000 empresas operan bajo este régimen, que aporta alrededor del 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), representa un 34% de las exportaciones y genera aproximadamente 66.000 puestos de trabajo.

Para el sector privado, el temor central no es solo el costo que el impuesto pueda representar, sino también los efectos sobre la seguridad jurídica y la reputación internacional del país como destino fiable para la inversión extranjera. Buero plantea que las condiciones de estabilidad, reglas claras y previsibles son activos valiosos que el país ha cultivado y que podrían verse comprometidos.