Agricultura familiar, pesca artesanal y política alimentaria son los primeros sectores apuntados para el financiamiento.
El Inacoop sostiene que más cooperativas en el sistema de compras públicas elimina intermediarios y hace llegar el beneficio directamente a los productores.
El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) lanzó recientemente un plan piloto de financiamiento dirigido a cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria que participan como proveedoras del Estado para resolver la falta de capital de trabajo y cubrir los costos previos al cobro efectivo de los contratos adjudicados.
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La iniciativa, presentada en la Cooperativa Bancaria con la participación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), una línea piloto que tiene un tope global de 8 millones de pesos y permite acceder a préstamos de hasta 4 millones de pesos por organización. Los créditos se otorgan a una tasa del 10% anual, con plazos ajustados a la facturación y al ciclo productivo de cada entidad.
En la primera etapa el foco estará en casos concretos vinculados a la política alimentaria, la agricultura familiar y la pesca artesanal, sectores donde las cooperativas ya tienen presencia pero encuentran barreras financieras para escalar su participación en el sistema estatal de compras. Las organizaciones interesadas deben estar registradas en Inacoop y pueden presentar su solicitud a través de la web del instituto o contactar al referente territorial correspondiente.
La directora de ARCE, Isis Burguez, encuadró la iniciativa dentro del plan estratégico de la agencia, que tiene como uno de sus ejes el impulso a las compras públicas sostenibles en sus dimensiones social, ambiental y económica. Para Inacoop, la lógica es la de un círculo virtuoso: más cooperativas en el sistema de compras públicas implica desarrollo de la economía local y familiar, eliminación de intermediarios y llegada directa del beneficio a los productores, al tiempo que el Estado accede a productos con mejor relación calidad-precio.
El plan fue precedido por siete mesas temáticas realizadas durante 2025 en el marco del Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas, de las que surgió una hoja de ruta para fortalecer el acceso del sector a instrumentos y políticas públicas en condiciones equitativas de mercado. De ese trabajo emergió tres ejes: mejorar el acceso a instrumentos y políticas públicas, promover condiciones equitativas de participación en el mercado y lograr el reconocimiento efectivo de la especificidad jurídica y social del sector cooperativo frente al resto de los proveedores del Estado.
Uno de los diagnósticos que surgió con más fuerza de ese proceso fue precisamente el problema del capital de trabajo: las cooperativas ganan licitaciones, pero no siempre tienen liquidez suficiente para ejecutar los contratos en los plazos requeridos, lo que las obliga a declinar adjudicaciones o a recurrir a financiamiento informal y caro. El plan piloto apunta directamente a ese cuello de botella.
Inacoop enmarcó el fomento de las compras públicas como "una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto del Estado, al tiempo que promueve el desarrollo económico, la sostenibilidad y un mayor impacto social y local". La definición no es menor: implica que la inclusión del sector cooperativo en las licitaciones no se presenta como una concesión social, sino como una mejora en la calidad del gasto público, un argumento que facilita la adhesión de organismos técnicos como ARCE y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El plan arranca acotado en monto y en sectores, pero la lógica piloto implica que si los resultados acompañan el instrumento tiene vocación de escalar. La primera medición real será cuántas cooperativas acceden al crédito, cuántas logran ejecutar los contratos en tiempo y forma y qué porcentaje del tope global se utiliza en la primera convocatoria.
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