En un seminario realizado en Montevideo, dirigentes sindicales de la región advirtieron sobre las asimetrías del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), criticaron la falta de transparencia en la negociación y reclamaron que la implementación incorpore la voz de los trabajadores.
Sindicalistas cuestionaron el acuerdo Mercosur-UE y reclamaron mayor participación en su implementación
Dirigentes sindicales advirtieron que el tratado puede profundizar la primarización de las economías del Mercosur y pidieron protección para la industria local.
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El seminario reunió a representantes sindicales, especialistas y organizaciones sociales para analizar el impacto del acuerdo Mercosur-UE.
En el encuentro llamado "Acuerdo UE-Mercosur: el desafío de su implementación" estuvo la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), el PIT-CNT y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
La actividad reunió a dirigentes sindicales, especialistas e integrantes de organizaciones sociales para analizar las implicancias económicas, productivas y laborales del tratado, en momentos en que los gobiernos del bloque avanzan en los pasos necesarios para su ratificación. Uno de los principales expositores fue el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien sostuvo que el acuerdo profundiza las desigualdades estructurales entre ambas regiones y consolida un patrón de inserción internacional basado en la exportación de materias primas.
"Las formas de libre comercio, de relaciones económicas absolutamente asimétricas, no pueden conducir a otra cosa que extremar las asimetrías", afirmó Abdala y sostuvo que el tratado favorecerá "el hiperdesarrollo de los países que ya parten en una condición superior" mientras promoverá "mayores márgenes de exclusión, primarización y dependencia" en América Latina. Para el dirigente sindical, el convenio no constituye una negociación entre dos bloques en igualdad de condiciones. "En realidad no es entre el Mercosur y la UE; es entre la UE como institución versus los distintos países que componen el Mercosur", señaló.
Críticas a la negociación
Abdala también cuestionó el proceso mediante el cual fue negociado el acuerdo y lamentó la ausencia de representantes de la Cancillería uruguaya en el encuentro. "Esto se construyó de manera absolutamente antidemocrática y con falta de transparencia. Nos enteramos del acuerdo Mercosur-Unión Europea después que el pescado ya estaba vendido", afirmó.
El presidente de la central sindical consideró que la participación social ha sido insuficiente y sostuvo que los espacios de consulta deben complementarse con acciones concretas. "Esto requiere movilización de la clase trabajadora y los pueblos para construir una perspectiva diferente", expresó. Asimismo, reclamó una mayor coordinación regional entre las organizaciones sindicales del Cono Sur y advirtió que, sin una estrategia común, "no hay perspectiva que no sea el dominio unilateral del capital".
Reclamo por políticas industriales comunes
Durante el seminario también expuso Danilo Dardano, integrante de la Coordinadora de Sindicatos Industriales del Uruguay, quien comparó las salvaguardas obtenidas por sectores productivos europeos con la situación de la industria regional.
Según explicó, organizaciones rurales de países como Alemania y Francia lograron mecanismos que limitan tanto los volúmenes como los precios de determinadas exportaciones para proteger a sus productores. En contraste, afirmó que los sindicatos industriales del Mercosur vienen reclamando herramientas similares para los sectores más expuestos a la competencia europea, aunque hasta el momento "solo recibimos promesas" de participar en el diseño de esas políticas.
Dardano también cuestionó la falta de una estrategia industrial regional y sostuvo que los países del Mercosur continúan compitiendo entre sí para atraer inversiones mediante incentivos fiscales y zonas francas, en lugar de desarrollar cadenas productivas complementarias. "¿Cuándo vamos a tener un auto Mercosur? ¿Cuándo vamos a tener un termo Mercosur?", planteó, al advertir sobre las dificultades para avanzar hacia una verdadera integración productiva.
Un tratado de alta complejidad
La directora de proyectos del área sindical de la Fundación Friedrich Ebert, Viviana Barreto, centró su exposición en el contenido jurídico del acuerdo y remarcó la necesidad de analizar el texto completo antes de evaluar sus efectos. Explicó que el tratado comprende 23 capítulos y una extensa serie de anexos con compromisos interrelacionados que abarcan desde comercio de bienes y servicios hasta empresas públicas, transparencia, compras gubernamentales y desarrollo sostenible.
"Es un cuerpo único que hay que leer en su conjunto", afirmó Barreto y señaló que la liberalización arancelaria prevista es gradual y, en la mayoría de los productos, alcanzará arancel cero en un plazo aproximado de diez años, aunque sectores considerados sensibles, como el automotriz y los vehículos eléctricos, tendrán cronogramas más extensos. También advirtió sobre las asimetrías en el acceso a mercados. Mientras las exportaciones agropecuarias del Mercosur, particularmente carne y productos lácteos, continuarán sujetas a cuotas para ingresar a Europa, las manufacturas europeas accederán a una apertura más amplia dentro del bloque sudamericano.
Barreto destacó además que el acuerdo incorpora mecanismos inéditos de participación y un foro de la sociedad civil que podrán formular observaciones sobre el conjunto del tratado, aunque recordó que el futuro definitivo del acuerdo dependerá, entre otros aspectos, de un pronunciamiento previsto para 2027 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su arquitectura jurídica.
Debate abierto
Mientras distintos sectores empresariales destacan las oportunidades comerciales que puede generar la apertura del mercado europeo, el movimiento sindical insiste en que la implementación deberá contemplar mecanismos de protección para la industria, el empleo y el desarrollo productivo regional.
Desde la organización del encuentro se planteó que el desafío ya no pasa únicamente por la eventual ratificación del tratado, sino por definir bajo qué condiciones se aplicará y qué margen tendrán los Estados para implementar políticas industriales, laborales y sociales que mitiguen las asimetrías entre ambas regiones.


