El crecimiento de las ventas de autos eléctricos reactivó la discusión sobre la continuidad de los incentivos fiscales que impulsaron su expansión, mientras el gobierno analiza una revisión de las exoneraciones de impuestos ante la advertencia de algunos sectores sobre el impacto que podría tener una reducción de esos beneficios.
El Estado resignó casi u$s 500 millones en cinco años por los incentivos a los autos eléctricos
Un estudio de Unvenu calculó la pérdida millonaria en recaudación durante 2020 y 2025, mientras se discute la continuidad o no de los beneficios.
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El Estado resignó casi 500 millones de dólares por los incentivos a los vehículos eléctricos en cinco años.
El eléctrico era un segmento incipiente del mercado automotor hasta hace tres años, pero hoy ya representa una porción cada vez más grande de las ventas de vehículos cero kilómetro. Esto se da por varias razones, entre ellas el avance tecnológico, la reducción de los costos operativos y los incentivos fiscales promovidos por el Estado.
Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), durante 2025 se comercializaron 71.442 vehículos 0 kilómetro, de los cuales cerca del 20% fueron eléctricos. La tendencia se profundizó en el primer cuatrimestre de 2026, cuando los eléctricos alcanzaron el 29% de las ventas totales del mercado.
Resignación millonaria para el Estado
Este crecimiento estuvo acompañado de incentivos desde el Estado que hoy genera cuestionamientos. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) elaboró un estudio, que difundió El País, en el que sostiene que el Estado resignó aproximadamente 439 millones de dólares entre 2020 y 2025 debido a los incentivos fiscales otorgados a los vehículos eléctricos. Además, proyecta que la renuncia fiscal podría superar los 1.400 millones de dólares entre 2026 y 2030 si se mantienen las actuales exoneraciones.
Actualmente, los vehículos eléctricos están exonerados del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la Tasa Global Arancelaria para la importación de unidades, baterías y cargadores. A esto se suma una patente reducida respecto de los vehículos convencionales. Desde este año, los eléctricos tributan una tasa del 3% sobre el valor sin IVA, mientras que los vehículos a combustión pagan el 5%.
Los propietarios también acceden a condiciones preferenciales en algunos seguros, líneas de financiamiento y programas vinculados a la infraestructura de carga, factores que contribuyeron a mejorar la competitividad de esta tecnología frente a los automóviles tradicionales.
Cruces en el gobierno por los beneficios
Varios de estos beneficios podrían comenzar a disminuir. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó que el Poder Ejecutivo evalúa revisar los incentivos tributarios al considerar que el mercado ha alcanzado un nivel importante de desarrollo. El jerarca sostuvo que es razonable analizar si la renuncia fiscal sigue siendo necesaria cuando un sector ya logró consolidarse.
A esta discusión se suman las declaraciones del vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, quien adelantó que la empresa continuará ajustando las tarifas de la red pública de carga y prevé eliminar gradualmente las bonificaciones vigentes para acercar los precios a los costos reales del servicio.
Mientras el equipo económico impulsa una revisión de los estímulos, desde el Ministerio de Industria se ha señalado que aún no es momento de desmantelar completamente los mecanismos de promoción, considerando que los vehículos eléctricos siguen representando una minoría dentro del parque automotor nacional.
Precaución desde el sector comercial
En tanto, desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) observan con preocupación y califican la eliminación de beneficios como una “luz amarilla”. La gremial entiende que una reducción de los incentivos podría enlentecer el ritmo de crecimiento de las ventas y afectar los objetivos ambientales y energéticos que Uruguay se ha planteado en los últimos años.
No obstante, reconocen que, incluso con menores exoneraciones, los vehículos eléctricos continúan ofreciendo ventajas económicas para los usuarios gracias al menor costo de energía, mantenimiento y operación y que se debe buscar la manera de equilibrar la recaudación fiscal con el respaldo a los vehículos eléctricos.