El Frente Amplio señaló la responsabilidad política del gobierno en Salto Grande

El diputado interpelante Nicolás Viera apuntó no solo a Cancillería y al Ministerio de Economía y Finanzas, sino también al presidente Luis Lacalle Pou.

El diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, está a cargo de la interpelación a Bustillo y Arbeleche por la delegación uruguaya de la CTM de Salto Grande.

El Frente Amplio interpela al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, por su accionar durante la gestión del nacionalista Carlos Albisu al frente de la delegación de Uruguay de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El diputado interpelante Nicolás Viera apuntó principalmente al conocimiento del gobierno de las medidas clientelistas denunciadas, así como a la responsabilidad del oficialismo en la polémica.

En una exposición inicial que duró más de una hora, el diputado frenteamplista Nicolás Viera, a cargo de la interpelación de los ministros explicó en primer lugar que el objetivo es que el gobierno resuelva cesar los 36 contratos de funcionarios ingresados por decisión política del expresidente de la CTM, Albisu.

Asimismo, el representante del Frente Amplio sostuvo que su partido entiende que “en el Ministerio de Relaciones Exteriores radica la rectoría de lo que es un organismo binacional y la representación de Uruguay en la misma”, así como el hecho de que la Cancillería se ha hecho cargo de su potestad por sobre las decisiones que se toman en la delegación uruguaya de la CTM de Salto Grande en ocasiones anteriores —el ejemplo fue un pedido de información realizada por la oposición en el 2021, cuya respuesta estuvo firmada por Albisu y por el canciller Bustillo.

En ese sentido, Viera apuntó a que la citación al titular de esta cartera responde a la competencia que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene sobre la CTM: “que diga que desconozca lo que pasa en CTM es aberrante e irresponsable”, expresó.

En cuanto al llamado a Arbeleche, el diputado interpelante explicó que se debe al rol del MEF en la adjudicación de los recursos votados por el Parlamento, así como en los refuerzos presupuestales que se otorgan año a año por sobre el presupuesto base que corresponde a la delegación uruguaya en Salto Grande y, sobre todo, en el otorgamiento de la partida de 200 millones de pesos en concepto de comisión de administración de UTE. “Nos parece que es el MEF el organismo responsable del inciso presupuestal, debe hacerse cargo del contralor de esos recursos y saber en qué se invierte y en qué se gasta ese dinero”, señaló Viera.

La responsabilidad es política

Durante su exposición, Viera hizo hincapié en varias ocasiones sobre la responsabilidad política del gobierno nacional sobre los “desmanes” ocurridos en la delegación uruguaya de la CTM de Salto Grande, y en lo que él caracterizó como la “impunidad para gestionar al antojo”, a partir de la “falta de transparencia” que, efectivamente, hay en el organismo.

“No queremos perjudicar un emprendimiento que es emblema nacional”, sostuvo respecto de las intenciones del Frente Amplio al llevar a cabo la interpelación. “Necesitamos tener la casa ordenada, y para tener la casa ordenada necesitamos parar con los desmanes que se puedan estar generando, porque quienes teorizan con el achicamiento del estado no pierden oportunidad en valerse de él si se trata de sacar alguna tajada”, apuntó el diputado de la oposición.

Asimismo, Viera dijo que la renuncia de Albisu —que dejó en el cargo al edil nacionalista Martín Burutarán, que ingresó a la CTM a través de una de las contrataciones directas que están en meido de la polémica— no fue suficiente, y que, a pesar de que “ni un solo dirigente del gobierno” defendió la gestión del expresidente del Partido Nacional e, incluso, expresaron públicamente su preocupación ante los hechos conocidos, el oficialismo debe “hacerse cargo institucionalmente” porque “es parte de la responsabilidad política”.

En ese sentido, el legislador interpelante señaló que los dirigentes acusados de medidas clientelistas y de uso indebido de los fondos públicos son personas de confianza del presidente Luis Lacalle Pou, y puso en duda de que en el gobierno hubiera real desconocimiento de lo que sucedía en Salto Grande. A modo irónico, señaló que “si el presidente de la República dice que confía en mí, yo me preocupo a esta altura”.

Finalmente, y antes de pasar a la lectura de la gran cantidad de preguntas para los ministros Bustillo y Arbeleche presentes en la Cámara Alta, Viera advirtió sobre las consecuencias de la actitud de Lacalle Pou respecto de la polémica de la CTM: “El mensaje del presidente [de respaldo para Albisu, en un primer momento] también complejiza el funcionamiento del Estado, porque no tiene la misma vara o no la tuvo para medir a Albisu que para medir a la exministra de Vivienda, Irene Moreira”, señaló, trayendo a la mesa una reciente disputa que casi lleva a la quiebra a la coalición de gobierno.

“Eso se traduce en problemas institucionales por los posicionamientos que tienen las fuerzas políticas dentro del Parlamento, pero también por el toma y daca en el presupuesto y en proyectos de ley", apuntó.