El gobierno destinó u$s 8,3 millones a subsidios al supergás

El Poder Ejecutivo desembolsó 5,3 millones de dólares y Ancap unos 3,2 millones de dólares para los hogares más vulnerables.

El balance de Ancap presentado ayer detalló que la empresa pública comenzó a hacerse cargo del subsidio a partir del año 2023. Antes, desde junio a diciembre del año pasado, fue el gobierno el que facilitó las ayudas, llegando a pagar 8,3 millones de dólares entre los dos.

A través de Rentas Generales, el Ministerio de Economía y Finanzas aportó 5,3 millones de dólares para el subsidio. Ancap, por su parte, destinó desde el comienzo de este año 3,2 millones de dólares para el subsidio de los hogares más vulnerables del Uruguay. El beneficio ha ido creciendo hasta llegar a 264.000 hogares.

Según explicaron desde Ancap, desde junio a diciembre del año pasado, se entregaron 524.000 garrafas con subsidio, mientras que, en lo que va del año 2023, se entregaron 271.000 garrafas con el 50% de descuento. El de mayor costo por el subsidio fue marzo con un monto total de 1.282.000 dólares. Los departamentos de mas demanda de garrafas subsidiadas son Montevideo con un 34%, Canelones con un 17% y Salto con un 10%, mientras que los departamentos restantes representan entre un 1 y 5%.

Sin embargo, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, señaló que espera que el gobierno pueda ir sacando el subsidio de manera paulatina debido a que a la empresa le cuesta mucho millones de dólares al año. “En 2022 el subsidio total por el supergás fue de 87 millones de dólares, frente a los 100 millones de dólares del año anterior. Apostamos a que este subsidio focalizado permita paulatinamente al Poder Ejecutivo ir ajustando el valor del supergás a un precio mayor”, remarcó Stipanicic.

El conflicto de supergás y la postura de Ancap

Hace unas semanas, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) viene reclamando el despido de trabajadores en dos de las plantas envasadoras de supergás otorgadas por Ancap. Riogas despidió 26 trabajadores mientras que Acodike despidió 27 con la excusa de que habían cambiado las condiciones laborales que obligaban a las empresas reducir su personal.

Frente a esto, Stipanicic se refirió a esta situación y estableció que le parece “injusto” culpar a la entidad sobre las condiciones regulatorias que, según él, no cambiaron. Desde Ancap remarcaron que no se puso ninguna condición, ni restricción, ni ningún termino económico que cambiara la ecuación de Riogas y Acodike como para que tomaran esa decisión. Por otro lado, resaltó que en la licitación el costo de alquiler fue libre y que las empresas que se presentaron ofertaron por dos plantas y dos plazos de alquiler diferentes.