"La recomendación fue mía", el excomandante de la Armada asumió la responsabilidad por la compra a Cardama

La decisión es cuestionada por la falta de solvencia técnica de la firma española, que nunca antes había construido patrulleras de tal porte.

Ante el Parlamento, Jorge Wilson asumió la responsabilidad de haber adjudicado las OPV a Cardama pese a reconocer que era una empresa pequeña y sin experiencia previa en buques militares.

En el marco de la comisión investigadora del Parlamento que analiza la compra de patrulleras oceánicas (OPV), el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, afirmó que la recomendación de adjudicar el contrato al astillero español Cardama fue una decisión personal.

Durante su comparecencia, el exjerarca sostuvo que la empresa resultó ser la opción "más factible" tras un proceso de evaluación que incluyó propuestas de ocho astilleros internacionales. Según explicó, el criterio central fue lograr un equilibrio entre capacidades operativas, costos y plazos de entrega.

Wilson detalló que el proceso de adquisición tuvo un primer intento en 2022, con más de 80 requisitos técnicos, que luego fue reformulado en 2023 con condiciones más acotadas. Entre ellas, se exigía que las embarcaciones superaran las 1.500 toneladas, contaran con hangar y cubierta para helicópteros, y tuvieran capacidad para operar lanchas de interdicción.

A partir de ese nuevo esquema, la Armada recibió ofertas de empresas de países como China, Francia, Alemania, Países Bajos, Colombia y España. Las propuestas fueron analizadas por una comisión técnica integrada por oficiales de distintas áreas. Según el excomandante, varias opciones quedaron descartadas porque, aunque cumplían con los requisitos básicos, no mantenían el mismo nivel de prestaciones. En algunos casos, indicó, los astilleros reducían equipamiento para abaratar costos, lo que afectaba el rendimiento de los buques. "Nos sacaban el cañón y nos decían que después lo poníamos nosotros", ejemplificó.

Factores económicos y decisión final

Wilson señaló que el componente económico y los plazos de entrega fueron determinantes en la evaluación. Algunas propuestas ofrecían mejores prestaciones, pero a un costo más elevado o con tiempos de construcción más extensos, mientras que otras resultaban más económicas pero con menores capacidades.

En ese contexto, Cardama se posicionó como la alternativa más equilibrada. "Era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las otras ofertas", insistió. El exjerarca también recordó que el proceso incluyó dos llamados para compra directa, uno para buques nuevos y otro para usados, pero este último fue declarado desierto por falta de oferentes.

Reconocimiento y advertencias

Pese a defender la elección, Wilson reconoció limitaciones en el análisis realizado. "La recomendación al ministerio fue mía, con la salvedad de que era un astillero pequeño que no se conocía", admitió.

En ese sentido, señaló que la Armada no cuenta con capacidades plenas para evaluar en profundidad a empresas constructoras navales, ya que su experiencia está centrada en tareas de reparación y mantenimiento. Asimismo, defendió el rol de la Junta de Almirantes, a la que definió como un órgano asesor dentro del proceso, y aseguró que la decisión final se apoyó en criterios técnicos disponibles en ese momento.

Respecto al vínculo con el entonces ministro de Defensa, Javier García, Wilson indicó que la recomendación fue transmitida de forma directa. "Le planteé mi posición, y quedó por eso. No hay documentación que se haya elevado más allá de la conversación que tuve con él", afirmó. La comisión investigadora continúa analizando el proceso de compra de las OPV, en medio de cuestionamientos políticos sobre la transparencia y los criterios utilizados para la adjudicación.