El gobierno estudia gravar en el presupuesto los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay

En medio de debates tributarios, el MEF daría curso a una propuesta planteada en el Frente Amplio a partir de la confirmación de u$s 62.000 millones en concepto de estos depósitos.

El gobierno estudia gravar los depósitos en el exterior en el presupuesto.

El gobierno se enfrenta a lo que, sin lugar a dudas, será su desafío más grande a nivel parlamentario con la elaboración del presupuesto quinquenal, en un contexto de fuertes roces por la cuestión tributaria, y con ese telón de fondo es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza la posibilidad de incluir en el mensaje presupuestario un gravamen a las utilidades de depósitos en el exterior de residentes en Uruguay.

La cuestión impositiva viene siendo un tema áspero en el gobierno de Yamandú Orsi: por un lado, la situación fiscal compleja que asumió junto con la presidencia limita el margen de movimiento de una gestión que, justamente por el mismo motivo, necesita de recursos para llevar a cabo su programa de gobierno. Esto repercutió en las múltiples declaraciones negando la posibilidad de elevar o crear impuestos —"Uruguay no resiste más impuestos" fueron sus palabras, ratificadas también por las autoridades del MEF—; una cuestión que fue puesta sobre la mesa a partir del reclamo del PIT-CNT de gravar al 1% más rico del país.

Y ese es el segundo punto de la discusión: las diferencias al interior del mismo Frente Amplio (FA) respecto de establecer dicho impuesto —desde la central sindical insisten en que no sería crear un nuevo gravamen, sino hacer más eficiente el existente impuesto al patrimonio— generan todavía mayores tensiones en una interna revolucionada también por la discusión presupuestaria. Que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, les echara en cara el programa de gobierno y el compromiso de avanzar en un esquema tributario más progresivo, tampoco calmó las aguas, precisamente.

En ese contexto es que, ahora, el MEF analiza la posibilidad de gravar las utilidades de los depósitos en el exterior de personas que residan en Uruguay, según informó el semanario Búsqueda. Un tema que también se estaba barajando entre las filas frenteamplistas a partir de un pedido de informes del diputado del Partido Comunista (PCU), Bruno Giometti, a la Dirección General Impositiva (DGI), que demostró la cifra de estos depósitos e inversiones en el exterior ascendía a 62.000 millones de dólares al final de 2023 —aproximadamente un 79% del Producto Interno Bruto (PIB) de entonces—, cuando en 2019 era de 27.171 millones de dólares.

¿Cambios impositivos?

Pese a las múltiples declaraciones en contra también del titular del MEF, Gabriel Oddone, introducir cambios impositivos estaría en los planes de cara a la elaboración del presupuesto, en línea también con el programa de gobierno.

La modificación en cuanto a los depósitos en el exterior sería en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de alcanzar las ganancias de capital que quedaron sin alcanzar en la reforma del 2007. Y, como argumento a favor, fuentes políticas señalan que lo que podría recaudarse por la vía de este gravamen podría ser "similar" a la recaudación consecuente de gravar con el 1% al 1% más rico, como proponen el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio. Además, la idea está en línea con la propuesta del exministro Danilo Astori, que en 2021 presentó un proyecto de ley para gravar transitoriamente —en el contexto de la pandemia de Covid— los depósitos en el exterior de residentes uruguayos con una alícuota de 2%.

Frente a los temores de que una medida de este tipo pueda ahuyentar a millonarios extranjeros que eligen Uruguay como residencia, en la bancada frenteamplista ponen en la balanza como contrapeso las ventajas que ofrece el país en términos de calidad de vida, seguridad y estabilidad. Asimismo, lo recaudado sería destinado a áreas prioritarias, entre ellas, la primera infancia.

En paralelo, el gobierno también considera gravar las compras digitales en el exterior, así como la implementación de una versión propia del impuesto mínimo complementario nacional calificado (QDMTT, por su sigla en inglés), para estar en línea con la Pillar 2 de la OCDE —el llamado Impuesto Mínimo Global (IMG) — y obtener ganancias de las utilidades de las empresas multinacionales que operan en el país.