El plan también incluye una jubilación anticipada a los 60 años para sectores vulnerables, lo que desató una feroz respuesta de la oposición.
Las administradoras privadas solo podrán gestionar inversiones, perdiendo el contacto directo con los datos y cuentas de sus afiliados.
El proceso de diálogo social impulsado por el gobierno del Frente Amplio (FA) llegó a su etapa final con dos conclusiones sobre el sistema previsional, por un lado habilitar una causal de retiro anticipado a los 60 años para trabajadores de bajos ingresos y mayor desgaste físico, y por otro quitarle a las AFAP la administración de las cuentas personales de ahorro individual para transferirla a una nueva entidad estatal.
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) presentará los acuerdos al presidente de la República, Yamandú Orsi el martes 28, y ese mismo día el gobierno convocará una conferencia de prensa para informar públicamente los resultados.
El FA no acompañó la reforma previsional aprobada en 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó la edad de jubilación a 65 años e incorporó a todos los trabajadores al pilar de ahorro individual, y llegó al gobierno en marzo de 2025 prometiendo abrir un espacio de negociación con sindicatos, organizaciones sociales y el sector privado para revisar ese marco. Ese espacio fue el diálogo social, coordinado desde la OPP, que en las últimas semanas completó su ronda de audiencias.
Las AFAP se limitarían a la gestión de portafolios de inversión, cesando la administración de las cuentas personales, que pasaría a manos de un nuevo organismo estatal. Tanto el PIT-CNT como la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU) expresaron su respaldo a esta propuesta. La consideran un paso hacia su meta de eliminar las AFAP, aunque en el documento final dejarán constancia de su intención de seguir abogando por "una seguridad social solidaria y sin lucro" después de esta etapa.
La postura de las AFAP es diametralmente opuesta. Durante el proceso, nucleadas en ANAFAP, plantearon que su propuesta para mejorar las jubilaciones pasa exactamente por el camino contrario: ampliar las alternativas de inversión. Según sus proyecciones, diversificar más los portafolios "podría aumentar las rentas vitalicias hasta un 15%, mientras que otras medidas enfocadas en reducción de costos tendrían un impacto mucho más limitado, menos del 2%".
El otro gran acuerdo es la creación de una causal de retiro anticipado a los 60 años. La propuesta no implica bajar la edad de jubilación general, que se mantiene en 65 años, sino crear una excepción para un perfil específico: trabajadores de ingresos más bajos, con historiales contributivos más reducidos y mayor desgaste físico. La medida no apunta a un sector específico de actividad, sino que busca una causal de aplicación general para quienes cumplan esas condiciones.
El senador colorado, Robert Silva, fue directo: "Es de una irresponsabilidad sin precedentes generar dudas sobre la propiedad y la administración del ahorro previsional de miles de trabajadores".
En la misma línea, el senador nacionalista, Javier García, apuntó al proceso político de fondo. "Es una burla al pronunciamiento popular, poniendo a riesgo los ahorros personales y privados de los trabajadores y contra la libertad de elegir de cada uno. El PIT-CNT perdió en la cancha pero ganó en la liga. Muy grave", sostuvo, en alusión al referéndum de 2023 en el que la ciudadanía refrendó la reforma previsional impulsada por el gobierno de Lacalle Pou.
El documento final que presentará la OPP al presidente Orsi el próximo martes incluirá tanto los consensos alcanzados como las medidas que generan discrepancias entre los participantes. Según la información disponible, ambas propuestas, el retiro anticipado y el rediseño del rol de las AFAP, cuentan con respaldo del gobierno y del PIT-CNT, pero enfrentan la resistencia de la oposición y del sector privado del sistema previsional. Lo que se resuelva tendrá impacto directo sobre los ahorros de cientos de miles de trabajadores y sobre la arquitectura del sistema previsional que rige desde la reforma de 1995, cuando se creó el modelo mixto de reparto y capitalización individual que hoy está en discusión.
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