El gobierno multará a dos empresas que desvían el curso del río Santa Lucía en plena sequía

Las compañías areneras obstruyeron y represaron uno de los principales afluentes y ahora deberán restaurar las zonas afectadas en menos de 10 días.

La cuenca de Santa Lucía abastece de agua potable al 60% de la población uruguaya.

El Ministerio de Ambiente de Robert Bouvier sancionó a dos empresas areneras que, con sus trabajos de extracción de áridos y represamiento, desviaban el curso del arroyo Vejigas, uno de los principales afluentes el río Santa Lucía, en un momento delicado por la sequía que asola al país.

Las dos compañías, que además fueron intimadas a que cesen sus actividades, habían sido denunciadas por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

La cuenca de Santa Lucía es considerada como estratégica para Uruguay, dado que es la principal fuente de agua potable y abastece al 60% de la población del país. Con la escasez de agua en todo el territorio nacional, cualquier problema en ella es de vital importancia.

En principio, las multas del gobierno serán de 100 Unidades Reajustables (UR), que a valor de hoy significan alrededor de 157.000 pesos por haber alterado de forma temporal el curso del río y otras 200 UR –315.000 pesos– por la infracción en el cumplimiento del Decreto 371/2019 que establece el "Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía, Medidas de Segunda Generación".

Sin embargo, las empresas tendrán la posibilidad de realizar sus respectivos descargos y, en función de eso, la magnitud de las penalizaciones puede variar en última instancia.

Por otra parte, el gobierno intimó a las dos responsables a que restauren en un máximo de 10 días las condiciones de las zonas afectadas. Las areneras deberán recomponer el ecosistema fluvial en aquellos puntos que hayan intervenido y reencauzar la dinámica natural del arroyo. También tendrán que retirar los materiales y cegar los canales construídos.

¿Qué es lo que hicieron las empresas en el río Santa Lucía?

A principios de febrero, Orsi denunció el accionar de estas dos empresas tras detectar movimientos irregulares de tierra durante uno de los vuelos períodicos de control que realiza la Intendencia de Canelones.

Después de realizar inspecciones, constató que las intervenciones se habían hecho en tres zonas, en un rango de 5 kilómetros, donde se obstruyó o represó el río.

En rigor, hubo tres puntos en los que se alteró el curso del arroyo a través de canales artificiales; otros dos en donde se tapó de forma deliberada la totalidad del río y otro en el que se estaba intentando tapar con maquinaria.