El inmueble, ubicado en Ciudad Vieja, fue adquirido en 2017 y permaneció sin uso. El Ejecutivo lanzó una licitación pública internacional para venderlo.
El gobierno puso a la venta el edificio destinado al Ministerio de Turismo que nunca se utilizó.
El gobierno resolvió avanzar con la venta del edificio ubicado en la esquina de Cerrito y Zabala, en Ciudad Vieja, que había sido adquirido en 2017 para convertirse en la sede del Ministerio de Turismo (Mintur), pero que nunca llegó a ocuparse y permanece en estado de abandono, por lo que el Ejecutivo lanzó una licitación pública internacional para enajenarlo.
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La decisión fue adoptada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Turismo, Economía y Finanzas y Vivienda. El inmueble, conocido como "Edificio Banco de Londres", fue comprado durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez al banco Lloyds por 1,5 millones de dólares. En ese momento, la cartera encabezada por Liliam Kechichian proyectaba trasladar allí sus oficinas desde la sede ubicada sobre la rambla portuaria.
Sin embargo, la mudanza nunca se concretó. Para acondicionar el edificio era necesario invertir otros 2,5 millones de dólares, por lo que el proyecto quedó sin ejecutarse. Más tarde, en 2020, en el contexto de la pandemia, el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció que se dejaría sin efecto la iniciativa y que el inmueble sería vendido como parte de una política de austeridad.
Si bien en 2021 el gobierno anterior informó que impulsaría una subasta pública, el proceso recién comenzó en 2022, cuando el ministerio, ya bajo la conducción de Tabaré Viera, inició la enajenación del bien al declararlo prescindible. Ese trámite administrativo finalizó en diciembre de 2023.
El pliego aprobado por el Ejecutivo establece que el edificio cuenta con cinco plantas: un segundo subsuelo con estacionamiento, salas de máquinas, generador y subestación de UTE, un primer subsuelo, planta baja con acceso principal y varios pisos superiores.
Además, fija que el precio base de la licitación será equivalente al 85% del valor venal del inmueble, es decir, del valor de mercado que pueda obtenerse, aunque la resolución no establece un monto concreto.
El documento también determina los usos permitidos para el edificio. Quedará prohibido destinarlo a vivienda, industrias o actividades con motores que generen ruidos, vibraciones o emanaciones. En cambio, podrá utilizarse para instalar entidades bancarias, escritorios, oficinas o sedes de instituciones diplomáticas, consulares, sociales o culturales.