7 de marzo 2023 - 14:00

El gobierno se juega en las próximas semanas las medidas clave de su agenda económica

La administración de Luis Lacalle Pou pretende aprobar la rebaja del IRPF y el IASS en las próximas dos semana. El 31 es la fecha límite para la reforma de la seguridad social.

Marzo se perfila como un mes clave para las grandes reformas del gobierno uruguayo.

Marzo se perfila como un mes clave para las grandes reformas del gobierno uruguayo.

Parlamento del Uruguay

Marzo se perfila como un mes clave para dos de los grandes desafíos económicos y financieros del gobierno, con la aprobación en puertas de la reforma de la seguridad social, por un lado, de y a de la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), por el otro.

Con el inicio oficial del cuarto año de la gestión encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, dos temas se proyectan urgentes para el gobierno, como el puntapié de cara a las elecciones del 2024: la reforma del sistema previsional, cabecilla de la agenda reformista de esta administración, y la rebaja impositiva, largamente prometida y finalmente enviada al Senado luego del discurso de Rendición de Cuentas, la semana pasada.

Este primer paso en la reforma impositiva que pretende el gobierno multicolor, tendrá un tratamiento exprés en el Parlamento incluso a pesar de las fuertes críticas de la oposición del Frente Amplio al respecto, en tanto ya anunció que acompañará la medida con sus votos; y el plan es que salga en las próximas dos semanas, según informó El País.

En ese sentido, la previsión es que el jueves próximo la Comisión de Hacienda del Senado reciba al equipo económico del Poder Ejecutivo y apruebe el proyecto, que será sancionado el martes 14 en el plenario de la cámara. Inmediatamente pasará a Diputados, donde tendrá la misma velocidad de tratamiento.

Los cambios en los tributos que, según el calendario del gobierno, estarán vigentes a partir de abril, beneficiarán a alrededor de 83.000 uruguayos, de los cuáles 63.000 son trabajadores y 20.000 son jubilados. En el caso del IRPF, las modificaciones consisten principalmente en aumentos en los topes de deducciones —que también impactan en el impuesto a los pasivos—, mientras que en el IASS se aumenta el monto mínimo no imponible.

La difícil reforma de la seguridad social

La reforma de la seguridad social atraviesa un camino menos lineal que la rebaja impositiva, con algunas piedras en su camino dentro de la Comisión Especial de Diputados que se encuentra trabajando el texto aprobado a fines de diciembre del año pasado en la Cámara Alta.

La razón principal por la que el debate se encuentra trabado e, incluso, peligra su aprobación en la Cámara de Representantes es la postura de Cabildo Abierto (CA), que no quiere dar el brazo a torcer respecto de sus exigencias para la futura ley.

Entre los requisitos que el partido de la Coalición Multicolor no cede, está el hecho de que la cantidad de años que se toman para el cálculo en la tasa de reemplazo sea menor: mientras que el proyecto actual propone aumentarla de los 10 últimos años —o los 20 mejores— a 25 años, el espacio de Guido Manini Ríos plantea que debería ser de 15 años.

Asimismo, CA quiere que la edad mínima establecida en el expediente, de 65 años, cuente con más excepciones; y reclaman que se excluya a la Caja Notarial de la reforma y que las AFAP no puedan invertir sus fondos en el exterior.

El argumento es que, durante el debate en el Senado, el partido dejó pasar estas cuestiones para ser tratadas en Diputados. Sin embargo, el gobierno rechaza los planteos.

Frente a esto, Cabildo Abierto cuestionó la posibilidad de votar afirmativamente el proyecto de su gobierno—además de profundizar rispideces dentro de la coalición, diferenciándose de un posible “programa común” y declarando que “se ha tragado el sapo muchas veces” con el fin de “asegurarle al Poder Ejecutivo estabilidad”—; y propuso posponer la votación de la reforma hasta después de la aprobación de la Rendición de Cuentas, que ingresaría al Parlamento el 30 de junio.

Sin embargo, el gobierno pretende que el proyecto de reforma de la seguridad social esté aprobado para el 31 de marzo, y así finalizar el principal punto de su agenda reformista lo más lejos posible de las elecciones.

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