El gobierno suspendió la aplicación de la ley de medios de la gestión anterior para "evaluar su legalidad"

El presidente Yamandú Orsi y su gabinete firmaron un decreto para dejar sin efecto la iniciativa validada el año pasado por el Parlamento.

El gobierno suspendió por decreto la aplicación de la ley de medios.

El presidente Yamandú Orsi firmó un decreto para dejar sin efecto la reglamentación de la ley de medios aprobada el año pasado e impulsada por la gestión anterior encabezada por Luis Lacalle Pou.

En el inicio de una administración con tono revisionista, el Frente Amplio (FA) cuestionó el decreto N° 31/025 del 13 de febrero de este año, que reglamentó la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, al señalar que “se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”.

Por esto, en la misiva firmada por Orsi y respaldada por todo el gabinete de ministros, se argumentó que “es necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado”, así como al hecho de “que no vulnere normas o principios de derecho”.

Se trata de un mensaje significativo de la administración frenteamplista, ya que a la firma de Orsi se sumó la de los ministros Gabriel Oddone (Economía) Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte), Cristina Lustemberg (Salud), Pablo Menoni (Turismo), Alfredo Fratti (Ganadería), Cecilia Cairo (Vivienda), José Carlos Mahía (Educación), Juan Castillo (Trabajo), Edgardo Ortuño (Ambiente), Gonzalo Civila (Desarrollo Social), así como la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde y el de Defensa, Joel Rodríguez.

Una ley de medios que generó polémica y un veto de Lacalle Pou

El FA ya había anticipado su rechazo a la ley de medios durante el debate en el Parlamento, por considerar que afectaba a Antel con disposiciones monopólicas, extranjerizantes y anticompetitivas, además de cuestionar el “mecanismo de censura previa” del artículo 72.

El polémico aditivo impulsado por Cabildo Abierto y que fue vetado por Lacalle Pou por “incompatibilidad con la libertad de expresión”, apuntaba a la “imparcialidad” política de parte de los medios.

En aquel momento, Guido Manini Ríos consideró que el artículo, cuestionado por organismos internacionales, buscaba “garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz, completa, equilibrada, seria, plural", con el objetivo de dotar de "fuerza a la democracia".

Los cambios que impulsaba la norma

Entre las modificaciones de la ahora suspendida norma, se destacaba que los órganos competentes pasaban a ser el MIEM, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Ursec, materializando la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual.

Al mismo tiempo, creaba el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como un servicio descentralizado, que es al momento una unidad ejecutora del MEC.

Con respecto a los límites de la publicidad, se establecieron 15 minutos para la televisión abierta y por cable, llegando a 20 minutos en radio, con la habilitación de un incremento de 5 minutos en épocas de mayor comercialización.