El equipo económico del gobierno busca aumentar la recaudación cobrando más a los sectores de altos ingresos y menos a los más vulnerables.
La idea del MEF es bajar el déficit fiscal a través del aumento de la recaudación del Estado vía impuestos para evitar ajustes de gastos en las políticas públicas.
Álvaro Romano, director de la Asesoría de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adelantó en un foro internacional de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) en Santiago de Chile dos nuevas líneas de trabajo que tienen en estudio para lo que resta del período de gobierno.
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Romano señaló que el MEF quiere "estudiar la viabilidad" de un IVA personalizado, un mecanismo que permitiría aplicar tratamientos diferenciales según el perfil del consumidor con el objetivo de mitigar la regresividad estructural de un impuesto que, en el país, representa el 50% de la recaudación total. "De nada sirve accionar sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando explica solamente el 10% de la recaudación. Todo lo que logremos de eficiencia en la equidad con ese impuesto se va a ver vencido por el peso abrumador de un impuesto indirecto que es regresivo", insistió.
El IVA personalizado no es una idea nueva, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo ha recomendado como herramienta para gravar más a quienes más consumen en términos absolutos, mientras se protege el consumo de los sectores de menores ingresos. Las Bases programáticas del Frente Amplio (FA) para este período lo incluyen como objetivo, aunque no aparece entre las 63 medidas de prioridad anunciadas por Yamandú Orsi al asumir como presidente de la República. La señal de Romano es que el gobierno quiere al menos saber si es técnicamente viable antes de que termine el mandato.
El segundo aviso apunta al mix entre renta corporativa y dividendos, Romano planteó "repensar" la relación entre el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), que grava a las empresas al 25%, y el tratamiento del IRPF sobre dividendos con el objetivo de darle "mayor peso a la renta personal respecto de la renta corporativa".
En términos prácticos, eso podría implicar bajar la presión sobre las empresas y subir la que recae sobre quienes retiran utilidades como personas físicas, un cambio que afectaría sobre todo a accionistas de empresas uruguayas de mediana y gran escala.
Las dos señales de Romano llegan después de que el gobierno completara la primera fase de su consolidación fiscal por la vía tributaria. Al asumir en marzo de 2025, el Ejecutivo heredó un déficit de 4,1% del PIB y decidió no ajustar por el lado del gasto, sino por el de los ingresos, con un objetivo de consolidación equivalente a 1,5 puntos del PIB.
La primera mitad de ese ajuste se buscó vía mejora de eficiencia recaudatoria; la segunda, vía reformas que incluyeron el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico para multinacionales con un impacto esperado de 0,42% del PIB, "una recaudación extremadamente relevante", en palabras de Romano, la aplicación de IRPF sobre ganancias de capital en el exterior y el IVA sobre compras por envíos exprés bajo franquicia aduanera.
La intervención de Romano en la Cepal tuvo también un momento de inusual honestidad sobre las restricciones políticas que enfrentan los reformadores tributarios. Al referirse al gasto tributario, los beneficios fiscales, exoneraciones y alícuotas rebajadas que el Estado resigna a favor de distintos sectores, reconoció que Uruguay tiene un nivel "relativamente alto" de esas renuncias y que reducirlas es, en teoría, un objetivo compartido por todos.
"Cuando bajamos al terreno fáctico, nos encontramos con dificultades de economía política que hacen inviable, o por lo menos harto difícil, poder modificar y reducir esos gastos, porque ahí se desatan una cantidad de lobbies, presiones y juegos de interés que, en definitiva, neutralizan toda posibilidad de reducción", sentenció Romano.
La estrategia elegida fue, entonces, ir por el gasto tributario donde hubiera menos resistencia: eliminar beneficios que el contribuyente no aprovechaba de verdad porque de todas formas terminaba pagando el impuesto en su país de origen. "Hagamos una revisión de todos esos gastos tributarios y por lo menos eliminemos eso", resumió.
Los dos nuevos avisos de Romano se producen en un momento en que el MEF está bajo escrutinio simultáneo desde varios frentes: la oposición acaba de votar una interpelación al ministro del MEF, Gabriel Oddone, por la política económica, el gobierno negocia internamente la revisión de los incentivos a los autos eléctricos, y el proyecto del FA sobre reestructura de deuda acaba de chocar con la propia cautela del Ejecutivo en el Parlamento.
Abrir al mismo tiempo la discusión sobre IVA y dividendos es una apuesta a instalar agenda, aunque la traducción legislativa de ambas ideas todavía sea, por definición, un tema "para el año que viene y lo que resta del período".