El Ministerio de Economía y Finanzas promete crecimiento en el acuerdo con Europa y garantiza que las empresas públicas no serán desplazadas

El gobierno defendió en el Parlamento las excepciones negociadas para preservar programas industriales y el margen de acción estatal.

Las compras públicas solo quedarán abiertas a proveedores europeos en contratos superiores a 770.000 dólares y con exclusiones específicas para Defensa, Interior y programas de fomento industrial.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que el tratado Mercosur-UE tendrá "efectos positivos netos extraordinarios" sobre el PBI y el empleo, pero reconoció "desafíos comerciales" en algunos sectores, mientras tanto, en el Senado, las autoridades detallaron salvaguardas para preservar el rol estatal en empresas públicas y políticas de desarrollo.

"Los equilibrios geopolíticos cambiaron, los equilibrios comerciales cambiaron y las élites de los gobiernos de Occidente, europeos y del Mercosur, hemos entendido que es inminente lograr un acuerdo de este tipo", afirmó el ministro del MEF, Gabriel Oddone, durante la comisión especial del Senado que estudió y votó el acuerdo Mercosur-UE.

Oddone defendió la pertenencia al bloque regional y fue enfático: "Qué importante es ser miembro del Mercosur". Luego recordó el debate histórico en Uruguay sobre la estrategia comercial del país: "En 20 años hemos asistido a una larga discusión en Uruguay controvirtiendo si nosotros deberíamos habernos apartado, deberíamos haber jugado en solitario, deberíamos haber salido del acuerdo".

El ministro subrayó el peso económico del bloque para la industria local: "El 20% del empleo industrial de este país depende de productos que se exportan a Argentina y Brasil y que no vendemos a cualquier otro, llámese químicos, productos de laboratorio, plásticos, etcétera". Y contextualizó el acuerdo en el escenario internacional actual: "En este mundo sin multilateralismo, con reglas de juego cambiantes y absolutamente jalonado por decisiones unilaterales, Uruguay necesita tener un ámbito de pertenencia con un tamaño mayor".

Impacto macroeconómico y renuncia fiscal

Oddone sostuvo que los efectos "positivos netos" del acuerdo serán "extraordinarios". Según las estimaciones oficiales, el PBI crecería más de 1,5%, las exportaciones aumentarían 4%, el empleo subiría 0,5% y el salario real se incrementaría 1%.

El director de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, agregó que las conclusiones preliminares del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anticipan "una caída significativa de la pobreza y una mejora en los índices de desigualdad también significativa".

En cuanto al costo fiscal, Labraga explicó que la renuncia por quita de aranceles será de "cinco millones de dólares anuales en los primeros diez años, y de 1,7 millones desde el año diez al 15". Evaluó que "no parece ser muy desafiante" ni "tan significativa".

Sectores con "desafíos comerciales"

Labraga reconoció que habrá sectores "con desafíos comerciales", entre ellos autopartes, automóviles, vino y lácteos. Sobre el vino, señaló que "la lucha fuerte" no será entre la UE y Uruguay sino entre el bloque europeo y Argentina.

Respecto al sector automotor, estimó que el impacto será "muy marginal" y que "hay tiempo", ya que los cambios comenzarán a regir en diez o 15 años. En lácteos, indicó que Uruguay tenía claro que "era una sensibilidad" y que "lo máximo que podíamos hacer era otorgar una cuota". El Mercosur concedió una cuota de 10.000 toneladas a diez años, cuando Uruguay exporta a Brasil unas 60.000 toneladas. En quesos, la cuota será de 30.000 toneladas, con exclusión de la mozzarella, que representa el 25% de las exportaciones uruguayas a Brasil. Los productos más beneficiados serán la carne bovina, el arroz y la miel.

Empresas públicas: alcance limitado

Uno de los puntos de mayor interés para el mercado es el tratamiento de las empresas estatales. Labraga recordó que el acuerdo establece que las empresas públicas "se deben comportar con consideraciones comerciales en sus compras y ventas cuando participen en actividades comerciales en el territorio de otra parte".

Sin embargo, aclaró que esa obligación "no aplica al mercado nacional" y que el capítulo reconoce que las empresas que cumplen funciones de interés nacional, como financiamiento de viviendas, apoyo a exportaciones, desarrollo de pymes, seguridad social o planes públicos de jubilación, "están exceptuadas de tener comportamientos diferenciados, lógicamente".

Compras públicas: umbrales y excepciones

En materia de compras públicas, el acuerdo otorga trato nacional a proveedores europeos, lo que implica que "no pueden establecerse distinciones entre proveedores nacionales y extranjeros".

No obstante, Uruguay exceptuó las compras del Ministerio de Defensa (MD) y del Ministerio del Interior (MI). Además, la cláusula de trato nacional solo aplicará en compras superiores a unos 770.000 dólares. En obra pública, el umbral será de 8 millones de dólares.

También quedaron excluidos subprogramas ya existentes, como el de desarrollo de la industria farmacéutica, el de la industria textil y vestimenta y el de la industria del calzado. "Y en términos generales, está excluido todo el programa de compras públicas para el desarrollo que se creó por ley en 2008", detalló Labraga. Asimismo, informó que en construcción y obra pública "pueden dar un margen de preferencia en el precio por la contratación de nacionales en la ejecución de la obra pública".

Por otro lado, La vicecanciller Valeria Csukasi explicó que, en materia de indicaciones geográficas, se realizó una consulta pública a empresas que utilizan denominaciones como "parmesano", "gruyer" o "fontina". Se incorporó a 38 empresas en un listado exceptuado, lo que les permitirá seguir utilizando esas denominaciones. Para nuevas empresas, esas referencias quedarán prohibidas tras la firma del acuerdo. En propiedad intelectual, las autoridades aclararon que no hay extensión de plazos en patentes ni en protección de datos de prueba.