La Asamblea General votará este lunes la creación de una única comisión investigadora bicameral para indagar las presuntas irregularidades en el contrato entre el Estado y la empresa española Cardama por la construcción de patrullas oceánicas, en un acuerdo político que oficialismo y oposición calificaron como una señal de responsabilidad institucional.
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La comisión bicameral analizará la compra directa por excepción y el rol de las autoridades involucradas en el acuerdo para la construcción de las patrullas océanicas.
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Una comisión bicameral indagará presuntas irregularidades en el contrato con Cardama.
El entendimiento fue destacado por el diputado del Frente Amplio (FA), Joaquín Garlo, quien sostuvo que “primó la sensatez” al resolverse la conformación de una sola comisión, evitando así la instalación de dos instancias paralelas, una en cada cámara. La conformación será aprobada por la Asamblea General del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados.
Nueve legisladores del oficialismo y ocho de los partidos de la Coalición Republicana (CR) conformarán la comisión de 17 miembros. Pese a que el oficialismo tendrá mayoría numérica, la presidencia quedará en manos de la oposición, en función del acuerdo político alcanzado en las últimas horas. El plazo inicial de trabajo será de seis meses y abarcará el período comprendido entre 2010 y la reciente rescisión del contrato.
El caso remite al acuerdo firmado en diciembre de 2013 para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) con el astillero español propiedad del empresario Mario Cardama, con sede en Vigo. El contrato fue rubricado durante la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou y posteriormente rescindido por el actual mandatario, Yamandú Orsi, quien argumentó la existencia de irregularidades y una presunta estafa contra el Estado.
Posibles citaciones a autoridades de Cardama
Entre las posibles citaciones no se descarta convocar al propio Mario Cardama, así como a representantes del astillero. El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, recordó que los funcionarios públicos están obligados a comparecer, mientras que los privados pueden hacerlo de manera voluntaria, incluso por vía virtual.
Otro punto de debate ha sido el acceso a la información vinculada a denuncias penales en curso. Desde el oficialismo se señaló que el Poder Ejecutivo se comprometió a entregar toda la documentación requerida, con la salvedad de aquellos materiales protegidos por el Código del Proceso Penal, cuya divulgación fue desaconsejada por la Unidad de Acceso a la Información Pública.
La comisión definirá en su primera sesión el régimen de funcionamiento, la frecuencia de reuniones y el cronograma de citaciones, en un proceso que buscará arrojar luz sobre los procedimiento.
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