El Parlamento aprobó la creación de una comisión bicameral para investigar la compra de las patrullas oceánicas

El Senado acordó que la comisión estará integrada por nueve integrantes del Frente Amplio y ocho de la oposición.

El Senado aprobó la creación de la comisión investigadora. 

El Parlamento acordó este viernes la creación de una comisión bicameral para llevar a cabo la investigación correspondiente a la compra de las patrullas oceánicas, que data desde 2010 hasta la actualidad, en la que también se incluye la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

De esta manera, este lunes a las tres de la tarde se llevará a cabo una Asamblea General para votar la comisión y sus integrantes. La misma estará compuesta por 17 integrantes (nueve del Frente Amplio y ocho de la oposición) y será presidida por un legislador opositor. La comisión tendrá una duración de seis meses.

El informe de la comisión preinvestigadora

La Comisión Preinvestigadora presentó su informe final recomendando la creación de una Comisión Investigadora. El documento, firmado por los senadores del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta y Nicolás Viera, advierte que el caso "no solo cumple con los requisitos reglamentarios, sino que su esclarecimiento es imperativo para la salvaguarda de la soberanía y la probidad pública".

La Comisión Preinvestigadora se instaló recientemente bajo la presidencia del senador Viera para recibir al senador del FA, Sebastián Sabini, quien fundamentó su denuncia con documentación, informes periciales y notas de prensa. Tras analizar el material aportado, el informe concluye que "nos encontramos ante hechos que pueden comprometer la ética pública, los recursos del Estado y la Defensa Nacional".

El informe evalúa los tres requisitos reglamentarios exigidos por el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Senadores y la Ley 16.698 para la procedencia de una investigación parlamentaria: la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen, y la oportunidad y procedencia de la investigación.

Entidad de la denuncia: el documento señala que "no se trata meramente de un incumplimiento contractual administrativo, sino de una cadena de irregularidades que han vulnerado la seguridad nacional, el patrimonio del Estado y la credibilidad institucional de la República". La Comisión califica la entidad del caso como "multicausal y sistémica".

Seriedad de la denuncia: la Comisión afirma que "la seriedad es absoluta y objetiva, sustentada en pruebas documentales, informes periciales de terceros independientes de prestigio mundial y actos administrativos del propio Estado, todos de dominio público". El informe descarta que se trate de una denuncia "frívola, temeraria o basada en rumores infundados".

Oportunidad y procedencia: lejos de considerarla extemporánea, la Comisión sostiene que "la creación de la Comisión Investigadora es urgente e impostergable debido a la situación procesal, política y administrativa en la que se encuentra el Estado".