El diputado Pablo Abdala presentó un pedido de acceso a la información a Presidencia ante indicios de que "la respuesta es más compleja de lo que esperaba".
El Parido Nacional exige conocer la denuncia de Cardama contra el Estado uruguayo.
El diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, presentó un pedido de acceso a la información pública a Presidencia con el objetivo de conocer el contenido de la demanda que el astillero español Cardama presentó contra el Estado uruguayo en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
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La presentación de Abdala llegó directamente a Torre Ejecutiva, casi 20 días después de que se conociera la demanda que Cardama oficializó en la Corte Internacional con sede en París a partir de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero para la construcción de dos patrullas oceánicas tipo OPV, entendiendo que la misma fue "improcedente y contraria a derecho".
"Le estamos pidiendo al gobierno que nos proporcione el documento correspondiente a la demanda que presentó Cardama contra el Estado uruguayo, en el marco de la controversia y del litigio que está planteado", indicó el legislador blanco a la prensa, insistiendo en que dicho documento debería conocerse públicamente.
"Sabemos que el gobierno tomó una decisión relevante ayer porque conformó un equipo de trabajo al más alto nivel: la Presidencia, los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa, para preparar la contestación de la demanda", consideró Abdala, y agregó que ese "refuerzo de la institucionalidad pareciera estar indicando que la respuesta es más compleja de lo que esperaba" o "de lo que en principio parecía".
Esta situación fue lo que encendió mayores alarmas en el legislador, y que lo motivó a presentar el pedido de acceso a la información respecto de la denuncia del astillero español. Mientras que desde el Frente Amplio (FA) han señalado que la jurisdicción elegida por Cardama no es la que corresponde —en tanto los conflictos jurídicos y de diferencias de interpretación (que es lo que, insisten, constituye el problema) debe dirimirse en los tribunales uruguayos, según está establecido en el contrato—; para el diputado blanco, se trata de una discusión en el plano de lo constructivo, por lo que la jurisdicción internacional es la que corresponde.
"Todo esto lo que confirma es que los intereses del Uruguay están muy comprometidos por esa exposición la cual el gobierno actual nos ha llevado con estas decisiones desacertadas y apresuradas", consideró Abdala cuando se conoció la demanda contra el Estado uruguayo.
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, sostuvo que "lo que hace Cardama" no debería ser una preocupación para el gobierno, en tanto las actuaciones en torno a la rescisión del contrato estuvieron ajustadas a derecho.
"Yo tomo decisión sobre lo que el gobierno decidió, que es rescindir un contrato al artillero por problemas con las garantías, no tiene que ver con los aspectos técnicos que son los que se dirimen en una jurisdicción internacional”, afirmó, asegurando que las acciones posteriores que pueda tomar la empresa española no deberían alterar la posición del gobierno uruguayo.
La jerarca también planteó que el debate no debería centrarse en las diferencias partidarias. “Nos tenemos que preocupar por apoyar al Estado nacional, no al gobierno; si el Estado fue víctima de un fraude, todo el sistema político tiene que estar acompañando. Sin embargo, hay gente que decide ponerse del otro lado”, señaló.