Los blancos argumentan que Uruguay debe priorizar el agua subterránea para las futuras generaciones y la producción agrícola.
La iniciativa del Partido Nacional prevé que el Ministerio de Ambiente delimite las zonas protegidas mediante cartografía oficial.
El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, presentó un proyecto de ley para prohibir la instalación de nuevos centros de procesamiento y almacenamiento masivo de datos, conocidos como data centers, sobre la superficie de los acuíferos estratégicos de Uruguay.
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La iniciativa abarca los sistemas Guaraní y Raigón, incluida la zona de Libertad, en el departamento de San José, y apunta a preservar las reservas de agua subterránea frente a los posibles impactos de estas instalaciones.
"Prever es gobernar. Por ese motivo presentamos un proyecto de ley que prohíba la instalación de Data Centers sobre la superficie de nuestros acuíferos", escribió el legislador blanco en la red social X.
La propuesta establece que la prohibición se aplique independientemente de la tecnología de refrigeración o del volumen de agua consumido. Además, contempla los nuevos proyectos y las ampliaciones que ocupen esas áreas, sin afectar a las instalaciones existentes que cuenten con habilitación legal.
En una rueda de prensa, Da Silva sostuvo que la expansión de los centros de datos puede generar conflictos en América del Sur por los recursos que demandan estas instalaciones y señaló que los grandes complejos requieren importantes cantidades de electricidad y agua, aunque reconoció que existen sistemas de refrigeración que funcionan mediante circuitos cerrados.
"Nosotros tenemos que preservar algunos activos absolutamente estratégicos hacia las futuras generaciones", afirmó y explicó que el objetivo de la iniciativa es establecer de antemano que los centros de datos no puedan instalarse sobre los acuíferos Guaraní y Raigón.
Da Silva mencionó antecedentes de conflictos vinculados a este tipo de instalaciones en estados de Estados Unidos, como Dakota del Norte y Pensilvania. Según planteó, estos casos y la información disponible justifican adoptar una medida preventiva antes de que Uruguay profundice su política de atracción de inversiones en el sector.
El proyecto identifica expresamente al acuífero Guaraní, en el norte del país, y al acuífero Raigón, en el sur, además de incluir la zona de Libertad. La delimitación territorial precisa de las áreas protegidas quedaría a cargo del Ministerio de Ambiente, mediante cartografía hidrogeológica oficial.
Da Silva destacó la importancia del acuífero Raigón para las actividades productivas y mencionó, como ejemplo, el cultivo de papa. También sostuvo que las reservas subterráneas constituyen un recurso estratégico para las próximas generaciones, más allá de las necesidades actuales.
La exposición de motivos del proyecto señala que los acuíferos son fundamentales para el abastecimiento de agua potable, la producción agropecuaria y la industria, y advierte que una eventual afectación podría tener consecuencias ambientales difíciles de revertir. Como fundamento jurídico, cita el artículo 47 de la Constitución, referido a la protección del ambiente y al carácter esencial del agua, y la Ley N.º 18.610, que establece los principios de la Política Nacional de Aguas.
Consultado sobre posibles proyectos de inversión en el país, Da Silva diferenció los centros de datos de los parques fotovoltaicos. En particular, se refirió a terrenos en la zona de Cardal que, según dijo, la ministra había mencionado en relación con la empresa Solaria, y remarcó que una instalación de generación solar no equivale a un complejo destinado al procesamiento de datos.
El legislador sostuvo que Uruguay debe continuar buscando inversiones, pero consideró que la localización de los centros de datos requiere precauciones específicas. También afirmó que todavía no cuenta con información suficiente para plantear restricciones más amplias sobre dónde deberían instalarse este tipo de emprendimientos.
"Que vayan para otro lugar, que no vayan a distorsionar un recurso tan sagrado", expresó, al defender la prohibición sobre las áreas acuíferas. La iniciativa busca, según su exposición de motivos, orientar las inversiones tecnológicas hacia zonas compatibles con la preservación de las reservas hídricas nacionales, sin impedir el desarrollo del sector en el resto del territorio.