El Partido Nacional (PN) anunció una serie de propuestas en materia de seguridad que apuntan a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, comprendidos como los mayores problemas que hoy enfrenta el Uruguay.
Entre las 35 "propuestas concretas" destacan la modificación del Código Penal, con cadena perpetua revisable y agravamiento de penas.
El Partido Nacional presiona al gobierno con su propio de plan de seguridad.
El Partido Nacional (PN) anunció una serie de propuestas en materia de seguridad que apuntan a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, comprendidos como los mayores problemas que hoy enfrenta el Uruguay.
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En conferencia de prensa, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, ya había adelantado que presentarían un total de 35 "propuestas concretas" al gobierno de Yamandú Orsi; ante la premisa de que el Ministerio del Interior (MI) "no da garantías" en el combate de los delitos y, sobre todo, de las modalidades más violentas, que incluso fueron calificadas por el titular de la cartera, Carlos Negro, como una "epidemia".
En ese sentido, Delgado explicó que el Partido Nacional presentó alrededor de 17 proyectos de ley en el Parlamento y adelantó medidas "vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y homicidio”, además de la necesidad de “inversión en tecnología y prevención del delito”, y “un mayor respaldo a la Policía Nacional”.
Entre las propuestas, una en particular ya causó revuelvo y promete ser objeto de debate: la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada mayormente a algunos tipos de homicidios.
“Para nosotros la seguridad no es un tema ideológico, es un problema real de la sociedad y tenemos que enfrentarla con una visión dual, sin darle miedo a la palabra represión y también con la prevención”, consideró el exsecretario de la Presidencia durante el gobierno anterior, y hoy líder partidario del PN.
En términos generales, el Partido Nacional señaló que considera necesario que el próximo año se lleve a cabo una reforma del Código del Proceso Penal (CPP), y que la misma sea consensuada entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Con ese objetivo de fondo es que los blancos presentarán la serie de propuestas al gobierno que, por su parte, se apresta para presentar el Plan Nacional de Seguridad que comenzarán a implementar en 2026.
Mientras tanto, entre las medidas incluidas en el documento que será llevado a Torre Ejecutiva, destacan la propuesta de rediseñar el tipo penal de organización criminal; el aumento de penas por integración, financiamiento y reclutamiento de delincuentes; agravantes automáticas ante la existencia de lazos internacionales, sicarios o utilización de menores para cometer delitos; y reclusión perpetua revisable para determinados casos de homicidios —en base a un proyecto original presentado por el exministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Asimismo, los blancos proponen crear nuevos equipos y fiscalías de homicidios, así como ampliar las plazas de máxima seguridad en las cárceles existentes y construir nuevas cárceles, sobre todo de máxima seguridad, alejadas de los centros poblados. En paralelo, plantean la necesidad de un aislamiento real de los líderes criminales en las cárceles que, a su vez, deben actualizar sus capacidades tecnológicas.
En este capítulo, además, insisten en el establecimiento de bases regionales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, poniendo como ejemplo la que ya funciona en Rivera; mayor articulación con las Intendencias e incrementar el control de fronteras.
En cuanto a la inversión en tecnología, en tanto, plantean la expansión y organización del sistema de videovigilancia en seis bases regionales; la incorporación de drones urbanos para persecución y control en tiempo real; y la expansión del sistema de detección de disparos (Shotspotter). Y para la Guardia Republicana, proponen nuevas bases regionales, incremento del número de efectivos y la ampliación de equipamiento; junto con mejorar el respaldo a la Policía, lo que incluye una mejora salarial y un abordaje especial de salud mental para los efectivos y sus familias.
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