Se trata de Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez, exautoridades de la Junta Departamental.
El Partido Nacional suspendió a tres exediles de la Junta Departamental de Maldonado acusados por fraude.
El Partido Nacional (PN) dispuso la suspensión de tres exautoridades de la Junta Departamental de Maldonado, quienes fueron formalizados por la Justicia ante la acusación de presunto fraude en la contratación de obras públicas, en otro episodio judicial para el espacio político.
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Darwin Correa y José Luis Sánchez y fueron formalizados por la jueza Gabriela Azpiroz, a pedido del fiscal Jorge Vaz, mientras que se solicitó la detención de Alexandro Infante Caballero al ser declarado “en rebeldía” por no concurrir a la audiencia este jueves.
Mediante un comunicado, las autoridades blancas dispusieron la “suspensión inmediata” de los derechos partidarios de los exediles, que de esta manera no podrán “ejercer representación política ni ocupar cargos” por el PN mientras se sustancie el proceso judicial.
A su vez, el partido opositor destacó que “asume esta situación con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre por el apego a Derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”.
Algo similar había dispuesto la Comisión Departamental del PN de Maldonado, quien suspendió los derechos partidarios “hasta tanto no se dirima la situación”. “Estos sucesos nos interpelan como partido y nos llevan a redoblar nuestros esfuerzos a la hora de mejorar los mecanismos de control que deben existir en todos los ámbitos”, apuntaron en el comunicado.
Los tres dirigentes se desempeñaron como presidentes de la Junta Departamental durante el período anterior y están acusados por la Justicia por presuntos pagos a una empresa de mantenimiento.
Correa fue formalizado como presunto autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado y otro continuado de falsificación ideológica como funcionario público, mientras Sánchez está acusado como coautor de esas acusaciones.
La presunción es que existían trasferencias de fondos por servicios que no se prestaban, con la presentación de facturas apócrifas en la administración pública.
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