El gobierno de Yamandú Orsi emitió una nueva reglamentación de la cuestionada Ley de Medios de la administración anterior y luego de haber emitido un decreto a comienzos de este año que suspendió su aplicación; el nuevo texto agrega cuatro artículo, deroga siete y modifica un total de doce.
Luego de que a mediados de febrero el gobierno de Luis Lacalle Pou emitiera el decreto N° 31/025 que reglamentaba la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, la administración actual decidió suspenderla en el mes de abril señalando que se había constatado "que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”.
El decreto, publicado este lunes, emite la derogación de siete artículos, la modificación de un total de doce y cuatro nuevos. Uno de los cambios más importantes radica en el artículo 14 que estipula las sanciones que detalla la ley y, según el gobierno actual el anterior no había reglamentado esa disposición y no establecía un cuadro de graduación sobre los montos que se debería pagar:
Otro de los artículos que trata el nuevo decreto es el número 12 que redefine el concepto de "coordinación de operaciones técnicas, a las que limita exclusivamente al uso común de infraestructura de transmisión y en particular torres para instalación de sistemas radiantes". Las consideraciones del gobierno eran que no podían llegar a notar un eventual encubrimiento de una concentración de medios.
Por otro lado, respecto a las derogaciones, entre las que más llaman la atención se encuentran es la del artículo 18 que dispone la regularización de transferencias de titular, su ampliación y reducción en el área de servicios de radio televisión. Además, se estableció la derogación del derecho al cobro de multas luego de dos años desde la resolución, como así también la prescripción de las infracciones muy graves al cabo de tres años.
Una ley de medios que generó polémica y un veto de Lacalle Pou
El FA ya había anticipado su rechazo a la ley de medios durante el debate en el Parlamento, por considerar que afectaba a Antel con disposiciones monopólicas, extranjerizantes y anticompetitivas, además de cuestionar el “mecanismo de censura previa” del artículo 72.
El polémico aditivo impulsado por Cabildo Abierto y que fue vetado por Lacalle Pou por “incompatibilidad con la libertad de expresión”, apuntaba a la “imparcialidad” política de parte de los medios.
En aquel momento, Guido Manini Ríos consideró que el artículo, cuestionado por organismos internacionales, buscaba “garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz, completa, equilibrada, seria, plural", con el objetivo de dotar de "fuerza a la democracia".
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