Marcel Vaillant advirtió que el IVA a las compras web es solo un síntoma de una política comercial obsoleta.
El informe encargado por el MEF señala que los aranceles actuales son 'distorsivos' y carecen de justificación económica.
El gobierno modificará a partir del 1 de mayo el régimen de compras web en el exterior, el llamado "impuesto Temu", para cobrar IVA a los paquetes importados y nivelar con el comercio local, pero el consultor que analizó el tema para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que el problema no es solo Temu, sino una política comercial con aranceles "excesivamente gravosos", tasas "opacas" y una estructura que hace décadas no se revisa.
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Así lo revela la consultoría encargada por el MEF al economista especializado en comercio exterior Marcel Vaillant, cuyo contenido fue publicado esta semana por el ministerio.
La llegada de la plataforma china Temu disparó las compras internacionales bajo el régimen de franquicia aduanera. En el primer semestre de 2025, esas compras sumaron 91 millones de dólares, un 158% más que en el mismo período de 2024. Solo la plataforma más utilizada, presumiblemente Temu, concentró el 58% del total en ese período, con 235.232 usuarios y envíos por casi 30 millones de dólares.
Desde mayo, el tope anual pasa de tres operaciones por hasta 200 dólares a un máximo de 800 dólares anuales por persona, pero las compras quedarán gravadas con IVA del 22%. La excepción son los envíos consolidados desde Estados Unidos, que siguen exentos por el Acuerdo de Comercio e Inversión bilateral vigente.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, explicó la lógica del cambio: la franquicia con impuesto cero "les generaba a muchos comercios establecidos un factor de competencia desleal, porque entraban sin ningún tipo de tributo" Con el IVA se busca instaurar "condiciones de ecuanimidad."
El consultor del MEF, Marcel Vaillant, aprovechó para poner en perspectiva algo más amplio, a su juicio, el régimen de franquicias no es el origen del problema sino un síntoma. "La proliferación de estos regímenes responde a estructuras arancelarias y/o presiones fiscales internas, excesivamente gravosas, que exigen respuestas ad hoc (adecuadas) para ciertos sectores o tipos de usuarios", escribió.
El caso del calzado es el ejemplo más gráfico que aporta: "Considerando únicamente los impuestos de frontera y el IVA como impuesto doméstico, el precio prácticamente duplica el precio FOB. Una protección que carece de justificación desde la lógica de la economía política. Aunque pudo haber tenido sentido en el pasado, actualmente no existe una producción sustitutiva que lo justifique".
Sobre los aranceles en general, el consultor es crítico del argumento que los sostiene: "El argumento recaudatorio es el único que parece sostenerse. Sin embargo, es ampliamente reconocido que los aranceles son un instrumento fiscal altamente distorsivo, y la recaudación debería trasladarse progresivamente hacia impuestos más eficientes".
Uno de los puntos más llamativos del informe es la mención a costos que van más allá de los aranceles visibles. "Existen otros costos menos visibles que deberían abordarse en un programa integral de facilitación del comercio. Entre ellos destacan los derechos consulares y una gran cantidad de tasas asociadas a las operaciones de comercio exterior. Estas tasas, además de ser opacas, representan una carga fiscal adicional que se suma a los ya elevados aranceles", señaló Vaillant.
El comercio exterior uruguayo no solo paga aranceles altos, sino que también enfrenta una capa de costos que el propio consultor califica de poco transparentes y que no aparecen en el debate público habitual.
Las recomendaciones de Vaillant apuntan en varias direcciones, la primera es integrar el régimen general y el simplificado de franquicias en un programa único que haga explícito el gasto tributario que implica cada uno. La segunda es enmarcar el cobro de IVA a las compras digitales en una reforma más amplia que alcance a "todas las transacciones digitales internacionales, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales".
La tercera, y quizás la más estructural, es avanzar en acuerdos de libre comercio que reduzcan la dependencia de los regímenes especiales. "Los procesos de apertura preferencial que establezcan condiciones de libre comercio con más países reducen los incentivos para utilizar regímenes especiales de importación. Este es claramente el caso de Uruguay", escribió. Por último, propone crear una franquicia arancelaria específica para que las pequeñas y medianas empresas puedan importar herramientas con condiciones preferenciales.
Para dimensionar de qué se habla, Vaillant aporta un dato que relativiza la polémica sobre Temu: el régimen de franquicias "ocupa un lugar marginal dentro de las compras globales de bienes, equivalente al 1%." En el caso de la vestimenta, el rubro más afectado por la competencia de las plataformas online, las importaciones por franquicia representaron apenas el 6% de todas las compras de esos productos en el exterior.
Eso no invalida los reclamos del comercio tradicional, pero pone en perspectiva que el debate sobre las compras web es, en realidad, la punta visible de un problema más de fondo, una política arancelaria que Uruguay no ha revisado en décadas y que, según su propio consultor, ya no tiene justificación económica.
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