La iniciativa fue validada por los legisladores de la Coalición y sin los votos del Frente Amplio. Ahora pasará a Diputados.
La Cámara de Senadores del Uruguay enfrenta su última semana del año con el proyecto de prisión domiciliaria.
El Senado aprobó el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, previamente validado en la Comisión de Constitución y Legislación, gracias a los votos de los legisladores de la Coalición Republicana, pero sin el respaldo del Frente Amplio.
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Se trata de un texto que fue usado como “moneda de cambio” en la negociación por la reforma de la seguridad social por parte de Cabildo Abierto. Sin embargo, los senadores rechazaron un artículo aditivo impulsado por CA para otorgar el beneficio a los mayores de 70 años de manera preceptiva, es decir que se convalide de manera obligatoria.
Se trata de la última semana de actividad del Parlamento y en ese marco se trató un proyecto no exento de polémicas. Más de dos años de discusión fueron necesarios para llegar hasta este momento en el que el texto presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que incluyó los planteos cabildantes así como sugerencias académicas y legislativas, avanzó hacia el debate en el plenario de la Cámara Alta.
Asiaín se refirió a esa situación y aclaró: “Nos parecía que era un traje a medida para favorecer a determinadas personas”. En ese aspecto, sostuvo que “no hay que mirar tanto el delito sino la situación de vulnerabilidad”.
No obstante, durante la sesión se expresó el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, quien consideró que "se está llevando adelante un proceso de venganza y no de justicia" contra los integrante de la última dictadura. En tal sentido, apuntó que “hay magistrados que no le hacen honor a su función y actúan como agentes de esa venganza".
En su alocución, argumentó: "Entendemos que los mayores de 70 años deberían cumplir la prisión en forma domiciliaria, pero sobre todo atendiendo a la realidad que vemos en nuestro país. Hay presos que son inocentes".
En su momento, la propuesta había generado polémica en los sectores defensores de los Derechos Humanos ya que, si bien la iniciativa del partido liderado por Manini Ríos excluía de la posibilidad de acceder al beneficio a las personas que estuvieran procesadas por delitos de violación, homicidio agravado y crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los represores de la dictadura no han sido imputados por estos últimos delitos —sino por homicidio, tortura y secuestro—, por lo que existía el riesgo de que más de 20 represores detenidos en la cárcel de Domingo Arena obtuvieran la prisión domiciliaria.
Este fue también el argumento utilizado por el Frente Amplio para oponerse desde el primer momento, y votar en contra del proyecto que vio la luz verde en la Comisión de Constitución y Legislación a comienzos del mes de noviembre.
En junio del 2022, Asiaín presentó un nuevo proyecto que, si bien fue la base que se votó en comisión, tuvo una serie de modificaciones a lo largo de su tratamiento.
En ese sentido, el proyecto no contempla la posibilidad de otorgar el beneficio “de oficio y sin más trámites”, sino que enumera los “elementos de especial relevancia” que la Justicia debe tener en cuenta para “la sustitución o la cesación de la prisión preventiva u otras medidas cautelares”. Entre ellos, el principal es que la persona “tuviera 65 años o más”, cuando ello “no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito imputado”.
Asimismo, el texto que, “a petición de parte”, el tribunal competente podrá ordenar la excarcelación bajo determinados supuestos, como por ejemplo “cuando el formalizado padezca graves problemas de salud o una enfermedad incurable en período terminal”.
También “cuando se trate de una mujer embarazada con riesgo de salud para sí o con riesgo para la continuación del embarazo”, o en el caso de una madre “a cargo de un niño mayor de cinco años que padeciera problemas de salud o no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él”.
En el caso específico de las personas privadas de libertad mayores de 65 años, el proyecto establece que, además de la edad, deberá evaluarse si la “condición biopsicosocial” de la persona “determinara que la privación de libertad en establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana”. Así, en cualquier caso, “la decisión judicial deberá fundarse en los informes de una junta médica designada por el juez”, la cual deberá contemplar “informes de peritos médicos, psicológicos y sociales”.
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