El Tribunal de Cuentas aprobó la compra de dos buques OPV por parte del Ministerio de Defensa de la Nación por 82 millones de dólares que serán destinados a la Armada, con el objetivo de reforzar la seguridad y el patrullaje de las aguas de Uruguay.
El Tribunal de Cuentas dio por zanjada la polémica por las patrullas oceánicas y aprobó su compra
El organismo aprobó sin objeciones la adquisición al astillero Cardama por parte del Ministerio de Defensa.
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Javier García defendió la compra de las patrullas oceánicas al astillero gallego pese a la polémica
El Estado uruguayo adquirió dos buques OPV por 82 millones de dólares.
El máximo organismo fiscalizador y de contralor de la utilización de los fondos públicos del país dio el visto bueno sin objeciones a la compra de los dos buques del tipo Offshore Patrol Vessels (OPV) al astillero español Cardama. Esto significa que el Tribunal aprobó que el Estado contrate los servicios de la empresa gallega, previa negociación de los contratos necesarios para la ejecución de la compra.
Los buques tendrán un desplazamiento de 1.700 toneladas, con 86,75 metros de eslora, y están basados en un diseño de la conocida firma de ingeniería naval española Cintranaval.
La defensa de Javier García ante las críticas
La decisión del Tribunal de Cuentas parecería ponerle fin a un tema que resultó en varias críticas y cruces polémicos entre diferentes actores que participaron en algún momento del proceso de licitación para la compra de los buques OPV.
La operación fue tan compleja que el mismo ministro de Defensa, Javier García, debió defenderla cuando llegó al gobierno una dura carta de la compañía estatal China Shipbuilding Trade (CSTC) cuestionando la desprolijidad de la licitación —que impidió, en primer lugar, cerrar el negocio con el país asiático en tanto la empresa estatal no fue seleccionada—; y, casi en simultáneo, renunció el jefe de Estado Mayor de la Armada, el contralmirante Gustavo Musso, quien había desaconsejado la adquisición de los OPV al astillero Cardama.
En este contexto, el jerarca defendió que el gobierno “tomó una decisión” legítima, y que en todo el proceso “estuvieron todas las garantías” y hubo “transparencia absoluta". Finalmente, sus dichos fueron respaldados con la aprobación del organismo fiscalizador supremo del país.
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