El Tribunal de Cuentas (TCR) observó la modificación del contrato del proyecto Arazatí, firmado por OSE para construir una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía, pero el directorio de la empresa pública seguirá adelante con la iniciativa: "La renegociación que se hizo está dentro del marco de las normas y de la legalidad", afirmó su presidente, Pablo Ferreri.
El Tribunal de Cuentas observó la reformulación del proyecto Arazatí, pero OSE sigue adelante
El presidente de la empresa pública, Pablo Ferreri, aseguró que el directorio resolvió "reiterar el gasto" sobre "argumentos técnicos, económicos y jurídicos".
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El Tribunal de Cuentas tratará la reformulación del proyecto Arazatí
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El Tribunal de Cuentas observó la reformulación del proyecto Arazatí, pero OSE sigue adelante.
El Tribunal de Cuentas resolvió, por cuatro votos a favor y tres en contra, observar la reformulación del contrato que, originalmente, planteaba la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí y una toma de agua sobre el Río de la Plata —firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou en los últimos días de gestión—; y que tras la cancelación del proyecto y la renegociación con el consorcio de empresas encargado de la obra, abarca un paquete de obras hídricas y sanitarias que incluye una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes.
Sin embargo, la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) decidió avanzar de todos modos con la iniciativa y "reiterar el gasto", según confirmó Ferreri en rueda de prensa.
"Es urgente e imprescindible contar con una mayor reserva de agua dulce"
Como argumentos de la decisión del directorio de la empresa pública, el presidente de OSE señaló que el fallo del TCR no pone en cuestión los fundamentos de "interés público" que sustentan la decisión del gobierno de avanzar en el nuevo proyecto: "no está en discusión la conveniencia económica ni técnica de los aspectos que se renegociaron”, explicó, y agregó que "básicamente, la resolución del tribunal se basa en que los cambios al objeto del contrato son sustanciales y que, por lo tanto, se vulnera el principio de igualdad".
En ese sentido, Ferreri insistió en que tal opinión "es contraria a todos los catedráticos de Derecho Administrativo del país" que emitieron informes sobre el tema, como Carlos Delpiazzo, Martín Risso, Augusto Durán Martínez, Cristina Vázquez y Graciela Rocco. "La renegociación que se hizo está dentro del marco de las normas y de la legalidad", afirmó. Además, aseguró que la resolución va en contra de los antecedentes del propio tribunal: "Hay varios antecedentes de cambios, incluso más sustantivos del objeto del contrato, en los cuales en TCR no observó basado en este principio".
Por ello, y ante la "urgencia" de "contar con una mayor reserva de agua dulce", el presidente de OSE aseguró que la postura de la empresa es "reiterar el gasto" y continuar con el plan inicial para avanzar en las obras previstas. "Tenemos sobrados argumentos técnicos, económicos y jurídicos para avanzar dentro del marco de la institucionalidad", sostuvo.
Las críticas de la oposición
Por su parte, desde la oposición surgieron las ya habituales críticas tras la observación del TCR, que acusaron al gobierno de improvisar y generar incertidumbre al perseguir una "decisión caprichosa".
Uno de los que cuestionó al oficialismo fue el diputado del Partido Nacional (PN) Martín Lema, que en las últimas semanas se puso al frente de la postura de rechazo a la construcción de la represa de Casupá. "El fallo del TCR sobre la renegociación del proyecto Arazatí confirma lo que venimos sosteniendo: se canceló un proyecto que diversificaba riesgos, con avances en el proceso, los costos y el impacto ambiental y se pasó a un estado de incertidumbre total. ¡Que irresponsabilidad!", expresó a través de sus redes.
También desde el Partido Colorado (PC) surgieron críticas: el diputado Gabriel Gurméndez consideró que "siguen los contratiempos por las improvisaciones del gobierno en su arremetida por destruir el proyecto Arazati y su aventura de Casupá"; y su compañero de bancada, Walter Cervini —quien estuvo a cargo de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en agosto pasado—, calificó la iniciativa como una "decisión caprichosa e improvisada que deja sin rumbo claro el agua potable para la zona metropolitana donde viven la mitad de los uruguayos".
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