Tenencia compartida, la otra moneda de cambio de Cabildo Abierto por la reforma jubilatoria

El oficialismo quiere tratar la polémica iniciativa el próximo martes, pero no cuenta con los votos para alcanzar la mayoría.

Cruces en el Senado uruguayo por cuestiones referidas a los Consejos de Salarios.

Gentileza: Parlamento de Uruguay

El gobierno arriesga una jugada que puede salir mal en el Parlamento, con la votación del proyecto de tenencia compartida, para el cual no cuenta con mayoría propia. La iniciativa es una de las “monedas de cambio” que la coalición quiere ofrecerle a Cabildo Abierto (CA) para lograr su aprobación de la reforma de la seguridad social en Uruguay.

El objetivo del oficialismo es votar el proyecto el próximo martes 11, apenas terminada la Semana de Turismo y mientras la mayoría de las miradas están puestas en lo que sucede en la Comisión Especial que trata la reforma del sistema previsional. Sin embargo, los votos para aprobar la ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida no están, al menos hasta el momento.

En este caso, los detractores están en las filas del Partido Colorado, en el sector de Ciudadanos, que anunciaron su negativa a aprobar el proyecto en las condiciones actuales, y buscan nuevas modificaciones al texto que se aprobó en comisión tal cual bajó del Senado.

El proyecto necesita de la mayoría simple de la Cámara Baja para ser aprobado, es decir, 50 votos en caso de estar los 99 diputados en sala. La coalición tiene 56 votos, pero la mayoría no funcionará de forma automática dado que hay varios que se oponen a aprobarlo si no se realizan modificaciones.

Hay cinco diputados oficialistas que ya tienen resuelto que votarán en contra: los colorados Felipe Schipani, María Eugenia Roselló y Nibia Reisch (todos de Ciudadanos), Iván Posada del Partido Independiente (PI) y César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

A su vez, hay otros dos integrantes de Ciudadanos, Juan Moreno y Jorge Alvear, que aún no definieron el voto, aunque el primero se inclina por no votar. Otro colorado pero de Batllistas, Omar Estévez, pidió “más información” para ver si aprueba los artículos 4 y 6, aquellos que están en el centro de la polémica.

¿Qué dicen los artículos 4 y 6? Claves para entender el proyecto (y su rechazo)

La tenencia compartida —que ya existe en Uruguay— comenzó a ser debatida en el ámbito parlamentario luego de que ingresaran dos proyectos de ley, uno del Partido Nacional y otro de los cabildantes, tras el fallido intento en 2016, cuando la iniciativa fue puesta sobre la mesa por el entonces senador Luis Lacalle Pou.

En aquel entonces, la desprotección y vulneración de los derechos de niños que podrían quedar expuestos ante potenciales agresores, la priorización de los derechos e intereses de los adultos contra los de los niños, y la posibilidad de extender aún más las “demoras judiciales” en los conflictos por la tenencia fueron algunas de las críticas que recibieron ambas propuestas, que buscaban la “equidad” en las disputas por la tenencia de los hijos en casos de divorcios sin acuerdo.

Durante ese año, la senadora nacionalista Carmen Asiaín se encargó de negociar un proyecto "amalgama" que incorporaba sugerencias de organizaciones sociales y organismos públicos, también de CA y elementos específicos de los reclamados por Ciudadanos, que entregaron un documento para que sus aportes fueron tenidos en cuenta.

Este nuevo proyecto, con más modificaciones por parte de los colorados, ingresó a la Cámara en julio del año pasado y fue aprobado en el Senado a principios de agosto. Sin embargo, quedó “cajoneado” hasta estos últimos días, cuando el carácter prioritario que le imprimía Cabildo Abierto a este proyecto, de repente, se “contagió” entre sus socios de la coalición, quienes lo ven como un elemento de negociación por los votos de la reforma de la seguridad social.

Pero los votos no están, mas sí las polémicas. Sobre todo, respecto de los artículos 4 y 6. El primero regula cuestiones sobre el régimen de tenencia, y señala que, en caso de que existan medidas cautelares hacia un progenitor denunciado por el otro, será el juez quien deberá determinar las visitas y "únicamente las suspenderá en caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente". También implica que, en caso de aplicación de medidas cautelares, "deberá respetarse el derecho a las visitas del denunciado, toda vez que a consideración del juez sean acordes al interés del niño".

Por su parte, el artículo 6 es el que fija el procedimiento por el que se determinará el régimen de visitas. Allí se establece que "solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados" podrá denegarse un sistema compartido.

Para Unicef, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y el Frente Amplio (FA), entre otras organizaciones sociales y vinculadas a los derechos del niño, este proyecto “está pensado para proteger a adultos denunciados por violencia” y “daña la infancia” en tanto no existe compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar el maltrato, el abuso sexual y la vulneración de derechos a los que muchos niños están sometidos en el país.

Para la oposición, además, es inaceptable que una iniciativa de estas características sea un “botín de cambio” al interior de la coalición de gobierno; y el presidente del FA, Fernando Pereira, ya advirtió que de recuperar el poder en e2024 —y si la ley hubiese sido aprobada—, será derogada.