El presidente recibió a las cámaras con la posible declaración de esencialidad en el Puerto de Montevideo en agenda y reclamos por competitividad sobre la mesa.
El presidente Yamandú Orsi recibió a los representantes de las principales cámaras empresariales de Uruguay.
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) le trasladó al presidente Yamandú Orsi su preocupación por el nivel de conflictividad laboral y el impacto que los paros están generando sobre la actividad económica, particularmente en el Puerto de Montevideo.
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Durante una reunión con el mandatario, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la delegación empresarial también planteó sus reparos ante una eventual reducción general de la jornada laboral y reclamó acelerar medidas vinculadas a la competitividad.
El presidente de la Confederación, Leonardo Loureiro, señaló que la conflictividad fue uno de los principales asuntos abordados y mencionó específicamente la situación del puerto. Según indicó, al cierre de la jornada anterior el sector acumulaba casi 33 días de paralización durante 2026, frente a algo más de 36 días registrados durante todo 2025.
“Es un costo muy alto que está pagando el país”, afirmó Loureiro, quien advirtió que las consecuencias no se limitan a la actividad portuaria, sino que alcanzan a toda la cadena logística, incluyendo transporte, operadores de carga, importadores y exportadores.
El dirigente empresarial sostuvo que la situación también genera un impacto sobre la imagen internacional de Uruguay. “Es un tema que hay que trabajar mucho con la imagen del país”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de resolver el conflicto que involucra a una de las terminales especializadas en contenedores.
Consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete la esencialidad de los servicios portuarios si no se alcanza un acuerdo entre las partes, Loureiro confirmó que se trata de una herramienta que el gobierno tiene disponible. “El instrumento lo tienen y, si lo tienen que usar, creo que lo van a usar”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que durante la reunión no se manejaron plazos concretos para una eventual declaración de esencialidad.
El empresario consideró que se trata de una medida técnicamente compleja, debido a las dificultades que puede generar su aplicación efectiva. Por ese motivo, destacó la importancia de que continúen las negociaciones entre trabajadores y empresas con la participación del Ejecutivo.
Loureiro indicó que la Confederación llegó al encuentro acompañada por representantes de sectores particularmente afectados por la conflictividad, entre ellos la industria y el transporte de carga.
Otro de los asuntos analizados fue la reducción de la jornada laboral. Según Loureiro, el presidente Orsi transmitió que el gobierno no está promoviendo actualmente una reducción general de la jornada, aunque sí considera necesario abrir una discusión sobre el tema. La posición empresarial es que una eventual reducción no puede aplicarse de manera uniforme a toda la economía.
“Todos los sectores de actividad económica son distintos y habrá que analizar cuál es el impacto”, explicó. Señaló que existen actividades en las que una reducción de horas podría requerir la creación de nuevos turnos, además de mayores necesidades de capacitación y formación de trabajadores. “En algunos casos, no es viable ni aun con pérdida salarial”, sostuvo.
Loureiro también relativizó la posibilidad de tomar el acuerdo alcanzado en la construcción como referencia para el resto de la economía. A su entender, ese sector tiene una historia y características particulares que impiden trasladar automáticamente ese entendimiento a otras ramas de actividad.
En ese marco, adelantó que distintas cámaras empresariales están realizando estudios específicos para determinar el impacto que una eventual reducción de la jornada tendría sobre sus respectivos sectores y sobre la economía en general.
La competitividad fue otro de los ejes del encuentro. Loureiro valoró el proceso de elaboración del proyecto de Ley de competitividad que se encuentra en el Parlamento, pero cuestionó que las medidas actualmente incluidas tengan una incidencia suficiente para modificar de manera sustantiva las condiciones de producción.
Según explicó, la iniciativa permite simplificar trámites, reducir costos y acelerar procesos, pero representa “una pequeña porción” de los cambios necesarios para mejorar la competitividad del país.
El presidente de la Confederación señaló que el propio ministro Oddone había planteado la necesidad de trabajar durante el segundo semestre en cuestiones estructurales, particularmente en energía y logística.
En materia logística, el puerto aparece como uno de los principales puntos de preocupación empresarial. En energía, en tanto, se analizaron los costos de la electricidad y los combustibles y su incidencia sobre las empresas. Loureiro sostuvo que tanto la electricidad como los combustibles tienen componentes vinculados a subsidios y al marco regulatorio que deben ser analizados para determinar su impacto sobre los precios finales que enfrentan las empresas.
El dirigente empresarial no presentó una estimación oficial de las pérdidas ocasionadas por las paralizaciones portuarias, pero afirmó que el impacto económico es significativo y puede alcanzar cifras millonarias. “De millones de dólares seguro”, respondió al ser consultado sobre la magnitud del costo, aunque aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de un cálculo consolidado de la Confederación.
El problema, explicó, no se limita al costo directo de tener un contenedor detenido. También puede afectar el propio negocio de exportación. Como ejemplo, señaló que una mercadería que inicialmente estaba destinada a salir en un contenedor refrigerado puede requerir modificaciones en su esquema logístico y pasar a otro régimen de conservación, generando mayores tiempos de almacenamiento, costos adicionales y eventualmente la pérdida de una operación comercial.
“Cuando un contenedor no sale del puerto, además de que se puede perder una venta, se puede tener que cambiar el negocio”, afirmó.
Para la Confederación, el desafío pasa ahora por evitar que la conflictividad laboral y las interrupciones de servicios estratégicos terminen afectando de manera estructural la competitividad y la confiabilidad de Uruguay como plataforma logística y exportadora.