Los empresarios locales también presentaron una propuesta de creación de convenios internacionales diseñados exclusivamente para pequeñas y medianas empresas.
Los empresarios señalaron que la alta conflictividad y la rigidez de la negociación colectiva afectan la competitividad de las empresas uruguayas.
Representantes empresariales de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSUY) y la Cámara de Industrias (CIU) afirmaron que el país tiene un problema de conflictividad laboral, que no es el momento de reducir la jornada de trabajo, y que las pequeñas empresas están siendo dejadas de lado en los convenios internacionales.
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El tema más delicado de la agenda fue la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, impulsada por el PIT-CNT y que cuenta con respaldo de sectores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a nivel global. La vicepresidenta de la CCSUY, Anabela Aldaz, fue directa en la entrevista con Informativo Carve: "Dejamos muy bien claro que entendemos que no es el momento oportuno para hablar de este tema y que hay otros conceptos que se podrían hablar antes, como puede ser el tema de la flexibilización, que quizás haga una caída más en el corto plazo que en lo que tiene que ver con la reducción".
Además, aclaró el fundamento detrás de la postura: "Esto no es una negativa caprichosa. Que Uruguay no está maduro para una reducción de la jornada laboral en este momento tiene que ver con datos de la realidad: las pérdidas de empleo, las pérdidas de empresas, las empresas que están cerrando, la informalidad, que realmente sigue siendo un factor muy importante que estabiliza a cualquier empresa que está instalada y paga todos sus impuestos y sus cargas laborales y sociales". La delegación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), representada virtualmente por Roberto Suárez, acompañó el planteo desde el exterior.
El otro tema de fondo que está instalado desde hace años en la relación entre el empresariado y la OIT es la queja formal por los consejos de salarios. Uruguay figura en la denominada "lista larga" de países observados por el organismo internacional por incumplimiento de convenios fundamentales vinculados a la negociación laboral. La crítica empresarial apunta a que el Estado participa activamente en la determinación de todos los salarios a través de los consejos tripartitos, cuando los convenios de la OIT prevén que esa participación estatal debería limitarse a la fijación de salarios mínimos y no extenderse a toda la negociación.
"El convenio prevé que esa participación del Estado esté en lo que tiene que ver con la determinación de los salarios mínimos y no con todos los demás", explicó Aldaz. El tema tendrá nueva relevancia en junio: habrá una asamblea de la OIT donde se volverá a tratar el asunto, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, presidirá esa reunión, una designación que fue definida el año pasado. "Va a ser un tema álgido", reconoció la dirigente empresarial y luego dijo: "Podría la OIT llegar a imponer sanciones, pero no creo que se vea ese escenario, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro ministro va a presidir la Asamblea".
Uno de los planteos más novedosos que el empresariado llevó a la reunión fue la propuesta de que la OIT desarrolle un convenio específico orientado a las pequeñas y medianas empresas. "Dentro de esta tarea de la OIT de generar estos convenios internacionales, quienes han estado más desprotegidos o no están contemplados son las pequeñas y medianas empresas, que para nuestro país son más del 70% del tejido que genera el empleo formal y de calidad", señaló Aldaz. La propuesta fue bien recibida: "Lo vieron como algo novedoso y que seguramente puedan poner en agenda, quizás no solo para Uruguay, sino para la región".
La preocupación por las pymes se volvió más concreta al hablar del acuerdo Mercosur-UE, que entró en vigor el 1° de mayo. Aldaz advirtió que para las pequeñas empresas, adaptarse a los estándares europeos para exportar o incluso para integrarse como proveedor de cadenas de suministro que exportan es un desafío mayor que para las grandes. "Para las pequeñas empresas que no tienen personal ocioso para dedicarse a ponerse al día en tantas cosas, las reglas nuevas son un problema", señaló. También, apuntó el riesgo del lado importador: "No olvidemos que esto no es solo lo que podamos mandar a otros países, sino lo que podemos recibir de la UE. Alimentos, textiles, todos los rubros pueden verse beneficiados o afectados negativamente". Aldaz reconoció que la reunión no generó compromisos concretos ni respuestas específicas a ninguno de los planteos. "Fue una visita más bien protocolar", admitió.