El conflicto en la pesca sumó un nuevo capítulo, luego de que la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) rechazara las denuncias del sindicato sobre supuestas condiciones de "semiesclavitud" y, en paralelo, avanzara en negociaciones con el gobierno por el precio del gasoil marino.
Empresarios rechazan denuncias de "semiesclavitud" en la pesca y advierten por el impacto del gasoil
El sector aseguró que la operativa está controlada y defendió las condiciones laborales, mientras negocia con el gobierno una suba menor del combustible.
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Trabajadores pesqueros denuncian un "deterioro estructural" y el conflicto en el sector amenaza con un nuevo capítulo
Los costos y la disponibilidad de insumos aparecen como variables críticas para la continuidad de la actividad de pesca.
El presidente de la cámara, Juan Riva-Zucchelli, aseguró que en la flota nacional no se registran las situaciones denunciadas por los trabajadores y defendió los controles sobre la actividad.
"Todos los barcos están a la vista controlados, tienen habilitaciones de la Prefectura, tienen habilitaciones de Dinara, está la inspección de trabajo", afirmó en declaraciones a Radio Monte Carlo.
Cruce con el sindicato por condiciones laborales
El posicionamiento empresarial surge tras las advertencias del sindicato de trabajadores de la pesca, que denunció una fuerte caída del empleo en el sector y la contratación de trabajadores extranjeros bajo condiciones irregulares.
Según el gremio, existen casos en los que tripulantes "no pueden bajar del barco durante un año", lo que calificaron como un régimen de “semiesclavitud”.
Desde la cámara, sin embargo, se descartó que esa situación ocurra dentro de la flota nacional, en medio de un conflicto que expone tensiones estructurales en la actividad, atravesada por la caída de la rentabilidad y el aumento de costos.
El gasoil, en el centro de la crisis
En paralelo, el sector negocia con el Gobierno el impacto del precio del gasoil marino, un insumo clave para la operativa pesquera.
Riva Zucchelli señaló que las empresas mantuvieron en las últimas horas contactos y reuniones con autoridades para trasladar la preocupación por el aumento previsto inicialmente.
El empresario indicó que, en un primer momento, se manejó una suba del 83%, lo que habría vuelto inviable la salida de los barcos. "Con esos valores no era viable trabajar, así que no íbamos a poder salir", advirtió.
Marcha atrás parcial y alivio en el sector
Tras las gestiones del sector, el escenario comenzó a cambiar. Según indicó el titular de la cámara, de forma extraoficial se pasó a manejar un incremento en línea con el resto de los combustibles, en torno al 7%.
"Eso obviamente alivia la situación y permite que salgamos a comprar el combustible para ponerle a los barcos y salir a pescar, que es lo que todos estamos deseando", sostuvo.
En ese marco, Ancap resolvió finalmente ajustar el precio del gasoil marino en un 7%, alineándolo con el resto de los combustibles para que opere en "iguales condiciones" dentro del esquema general de tarifas.
La presidenta del ente explicó que la medida implica absorber un desfasaje financiero que ronda entre 1.000.000 y un 1.200.000 dólares mensuales, con el objetivo de mitigar el impacto sobre la actividad pesquera y evitar una paralización del sector.
El empresario había señalado que no contaba con confirmación oficial al momento de las negociaciones, algo que luego fue ratificado por Ancap.
Problemas de abastecimiento y operativa
El conflicto por el precio se sumó a problemas recientes de suministro. Riva Zucchelli relató que a comienzos de la semana hubo preocupación en el sector ante la falta de combustible, en momentos en que varios barcos estaban prontos para operar.
“Nos enteramos que no había combustible y eso nos preocupó bastante”, señaló, aunque luego las autoridades informaron que el abastecimiento se normalizaría en los días siguientes. El episodio dejó en evidencia la fragilidad de la industria pesquera, que enfrenta simultáneamente tensiones laborales, problemas operativos y una fuerte presión de costos.
Mientras el Gobierno evalúa medidas para amortiguar el impacto del gasoil, el sector busca recuperar niveles de actividad en un contexto donde cualquier variación en los precios puede definir la viabilidad de las operaciones.
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