El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva Zucchelli, confirmó que más del 60% de la flota pesquera ya se encuentra en actividad, luego de un prolongado conflicto laboral que paralizó el sector durante casi 90 días.
Las cámaras anticipan la normalización de la industria pesquera con la reactivación de las plantas
Las empresas del sector sostienen que más del 60% de la flota está en actividad y trabajan para llegar a la plena operatoria.
-
Recuperar los niveles de pesca, una planta procesadora y un puerto en Rocha: las alternativas del gobierno para "refundar" el sector pesquero
-
Empiezan a zarpar los barcos y el conflicto de la pesca llega a su fin luego de tres meses
La vuelta al trabajo en la industria pesquera refleja un alivio para empleados y empresarios.
"Estamos arriba del 60% de la flota ya en actividad, lo cual ha implicado también que, como los barcos costeros traen el pescado fresco y eso va para las plantas, también las plantas están retomando las actividades, la mayoría de ellas, y eso es una buena noticia para todos, sobre todo, para los trabajadores de las plantas que venían muy castigados", señaló Riva Zucchelli para Radio Montecarlo.
El dirigente destacó que, aunque se han registrado algunas complicaciones en la salida de barcos, se están resolviendo progresivamente: "Hemos tenido alguna dificultad de retraso de salida de barcos, pero de a poco se van solucionando. Las próximas semanas la actividad retomará su movimiento normal y esperamos que esté la mayoría de la flota operando".
El avance en la operatividad de la flota y la reactivación de las plantas se produce tras un período de inactividad parcial que afectó tanto a los exportadores como a los trabajadores del sector.
El fin del conflicto y la vuelta de la pesca
El conflicto comenzó el pasado 28 de mayo, cuando el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) exigió la incorporación de un segundo patrón en los barcos costeros para garantizar las guardias y el descanso de las tripulaciones. Esta medida fue rechazada por los empresarios, quienes argumentaron que incrementaría los costos operativos. Como resultado, la paralización afectó tanto a los barcos costeros como a los de altura, que no estaban involucrados en la disputa inicial.
Durante el conflicto, se registraron hechos de violencia en el puerto, presuntamente provocados por tripulantes ingresados por el sindicato, lo que complicó aún más la situación. Además, las empresas pesqueras enfrentaron dificultades para contratar nuevos trabajadores debido a la obligatoriedad de afiliarse al sindicato para poder embarcarse, lo que limitaba la libertad de trabajo. Como respuesta, algunas empresas ofrecieron hasta 12.000 pesos por día para atraer tripulantes sin experiencia, aunque advirtieron que el ingreso variaría según la pesca disponible.
Tras casi tres meses de negociaciones, la pelea llegó a su fin. Sin embargo, las pérdidas económicas fueron significativas, estimándose que el sector sufrió daños por más de 40 millones de dólares. El presidente de la CIPU advirtió que el daño era irreparable, ya que se habían perdido dos zafras consecutivas, afectando la producción y exportación de especies como corvina, merluza y calamar.