El senador nacionalista aseguró que Fratti ya prometió en varias ocasiones reducir la carga tributaria en ganado, pero que nunca lo concretó.
El legislador advirtió sobre las diferencias entre los anuncios oficiales y la realidad legislativa en un reclamo que lleva tres décadas sin resolverse.
El senador de Vamos Uruguay (VU), Pedro Bordaberry, cuestionó ayer las declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, sobre la eliminación del impuesto del 1% a la enajenación de semovientes, señalando que es la tercera vez que el jerarca anuncia esta medida sin que se concrete.
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A través de su cuenta en la red social X, Bordaberry recordó que desde el 15 de febrero existe un proyecto de ley en el Senado que elimina directamente este gravamen, una iniciativa que forma parte de las 47 propuestas legislativas presentadas por VU.
El principal cuestionamiento del legislador apunta a una contradicción entre los anuncios del MGAP y lo que efectivamente establece la Ley de Presupuesto Nacional. Según Bordaberry, "el acuerdo para eliminar el 1% que pagan los productores a las intendencias por actividades con semovientes" fue destacado recientemente por el gobierno como una respuesta al sector agropecuario.
Sin embargo, el senador advierte que la ley de Presupuesto no elimina directamente el impuesto, sino que crea una comisión para estudiar la forma de hacerlo, lo que implicaría una demora adicional en la implementación de la medida.
El impuesto del 1% a la enajenación de semovientes ha sido un reclamo de 30 años del sector agropecuario uruguayo. Este gravamen municipal se aplica sobre las transacciones de ganado y ha generado sistemática oposición de las gremiales rurales, que lo consideran un obstáculo para la competitividad del sector.
En febrero de 2025, el sector de Bordaberry incluyó "la desregulación del impuesto de 1% a los semovientes del sector agropecuario" entre sus 47 proyectos legislativos presentados. La eliminación de este impuesto forma parte de un paquete más amplio de medidas demandadas por el sector agropecuario, que incluye la simplificación de trámites y la creación de herramientas digitales para facilitar la gestión de los productores.
El debate sobre este gravamen se enmarca en las discusiones más amplias sobre la carga tributaria del sector agropecuario y la necesidad de mejorar su competitividad en los mercados internacionales.
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