5 de noviembre 2026 - 19:42

Estacioneros volvieron a apuntar contra las ventajas fiscales de los autos eléctricos

Unvenu reclamó equiparar los beneficios tributarios entre vehículos eléctricos y de combustión, y advirtió sobre el futuro de casi 500 estaciones y más de 8.000 empleos.

Estacioneros reclaman nuevamente en contra de las ventajas impositivas de los vehículos eléctricos. 

Estacioneros reclaman nuevamente en contra de las ventajas impositivas de los vehículos eléctricos. 

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) reclamó al gobierno revisar los beneficios impositivos que favorecen a los vehículos eléctricos y reducir la carga tributaria sobre las naftas y el gasoil, en medio de las tensiones que genera el avance de la electromovilidad; la decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria celebrada el miércoles 4 de noviembre, en la que la gremial también resolvió impulsar la reconversión de las estaciones de servicio y defender su participación en el negocio de los cargadores eléctricos.

La organización exhortó a las autoridades a extender los incentivos fiscales vinculados con la movilidad eléctrica a todos los automovilistas, independientemente de la tecnología o el combustible que utilicen. En ese sentido, cuestionó las diferencias tributarias existentes y solicitó revisar el Impuesto Específico Interno (Imesi) y la Tasa Global Arancelaria que grava la comercialización de vehículos a combustión.

El planteo profundiza los reclamos que el sector había trasladado al gobierno por las dificultades para adaptarse a la transición energética. En declaraciones recientes a Subrayado, el presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, advirtió que algunas estaciones registran caídas de hasta el 20% en los despachos de combustible y que todavía no existe un acuerdo con UTE para incorporar cargadores eléctricos en sus establecimientos.

En la resolución aprobada por la asamblea, la gremial solicitó eliminar lo que considera inequidades tributarias entre los vehículos eléctricos y aquellos que utilizan combustibles tradicionales. Además de revisar los impuestos asociados a la compra de automóviles, reclamó reducir la carga impositiva y los subsidios que, según sostiene, inciden en el precio final de los combustibles.

De acuerdo con las cifras presentadas por Unvenu, esos componentes representan más de 40 pesos por litro en las naftas y 15 pesos por litro en el gasoil. El reclamo se produce en un escenario de creciente competencia entre las distintas tecnologías de movilidad, en el que las estaciones de servicio advierten sobre una reducción progresiva de la demanda de combustibles líquidos.

La gremial advierte por el futuro de 500 estaciones y más de 8.000 empleos

Otro de los puntos centrales de la resolución está vinculado con la necesidad de planificar la transición energética para evitar consecuencias económicas y laborales sobre el sector. La organización consideró que no sería razonable perder la infraestructura instalada sin tener certezas sobre cuál será la tecnología predominante en el transporte durante los próximos años.

En ese sentido, señaló que el abastecimiento futuro podría realizarse mediante electricidad, gas, hidrógeno u otras alternativas, por lo que reclamó definir una estrategia que contemple tanto el ritmo de la transformación como sus efectos sociales. Según la gremial, están en juego alrededor de 500 estaciones de servicio y más de 8.000 puestos de trabajo, cuya continuidad podría verse comprometida si los establecimientos no logran adaptar sus actividades.

La asamblea también encomendó al Consejo Directivo de Unvenu iniciar las acciones preparatorias para avanzar con la implementación del autoservicio en las estaciones de servicio. La resolución no establece plazos ni especifica las condiciones bajo las cuales se desarrollaría esta modalidad, pero incorpora una nueva alternativa dentro del proceso de transformación del negocio.

Por otra parte, la gremial resolvió impulsar medidas para garantizar que ninguna empresa distribuidora o sello comercial pueda imponer condiciones que restrinjan la libertad de los estacioneros para comercializar servicios de recarga eléctrica o seleccionar proveedores de cargadores. Este último planteo se suma a la disputa que las estaciones mantienen con UTE por su participación en el negocio de la electromovilidad.

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