El gobierno galo suspendió el ingreso de productos agrícolas que utilicen ciertos químicos, e insiste en que el bloque regional asuma la respectiva salvaguarda.
Francia suma más obstáculos al acuerdo Mercosur-UE y suspende importaciones sudamericanas.
Francia continúa poniendo obstáculos para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), con dos medidas que complican el ya dilatado cierre de las negociaciones: por un lado, suspendió la importación de algunos productos agrícolas tratados con químicos prohibidos dentro del bloque europeo —la mayoría, provenientes de Sudamérica—; y, por el otro, busca que el organismo regional asuma la cláusula de salvaguarda.
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El acuerdo Mercosur-UE parece tan cerca como lejos de poder afirmarse, incluso tras la postergación que sufrió en diciembre y las expectativas de que, a más tardar en febrero, se de por cerrado el largo capítulo de negociaciones. Es que, pese a los esfuerzos que están haciendo algunos países europeos para salvar los motivos de rechazo, Francia sigue firmemente opuesta y en búsqueda de aliados para bloquear el tratado comercial.
Una de las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Emmanuel Macron parece ser, más bien, una señal de que no tendrá su mercado particularmente abierto a los productos sudamericanos. La misma consiste en la suspensión de la importación de algunos bienes agrícolas, desde el jueves y por hasta un máximo de un año, que haya sido tratados con químicos prohibidos en la UE.
Se trata de cinco fungicidas y herbicidas —mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim y benomyl— que son utilizados para el procesamiento de frutas y verduras tales como paltas, mangos y cítricos, entre otros, que se cultivan particularmente en los países de Sudamérica; aunque, según el Ministerio de Agricultura galo, "no es un decreto dirigido" contra la región, "sino contra cualquier país del mundo" que utilice estas sustancias.
De todos modos, la medida todavía debe obtener el visto bueno de Bruselas, donde la titular francesa de Agricultura, Annie Genevard, asistirá este miércoles a una reunión especial con sus homólogos europeos sobre el acuerdo Mercosur-UE. "La Comisión Europea dispondrá de diez días para analizarla, por lo que entrará en vigor independientemente de esos diez días. Al término de ese plazo, podrá no oponerse a ella y, por lo tanto, dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto de la Unión Europea u oponerse a ella", detalló el ministerio.
Por otra parte, el gobierno francés pretende que el Mercosur asuma la cláusula de salvaguarda sobre los productos agrícolas, recientemente endurecida a modo de concesión por parte de la Comisión Europea (CE) para con los reclamos de los productores galos. Dicha acción permitiría suspender temporalmente las preferencias arancelarias a algunas importaciones, en caso de que se den ciertas condiciones, lo que supondría un desdibujamiento de las oportunidades del acuerdo comercial.
Sin embargo, fuentes de la Cancillería francesa aclararon a EFE que el curso de acción principal es consolidar "una minoría de bloqueo" para impedir la formalización del acuerdo Mercosur-UE, cuya firma sigue fechándose para el 12 de enero entre las autoridades europeas —fecha sobre la cual hay mayores dudas en la contraparte sudamericana. Esto, porque Francia "no está satisfecha con las propuestas de la CE", incluso ante las "mejoras" de los últimos meses, y pone objeciones en que la salvaguarda en cuestión no fue asumida por los países del Mercosur.
Esto ocurre mientras la CE sigue buscando votos a favor del acuerdo, con la presentación de un paquete de "herramientas" destinado a reforzar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC), en el próximo marco financiero plurianual y tras la masiva protesta agraria registrada en diciembre en Bruselas.
La novedad consiste en que, cuando los Estados miembros presenten sus Planes de Asociación Nacionales y Regionales, puedan acceder de forma anticipada a hasta dos tercios de los fondos que normalmente se liberan en la revisión intermedia. Esto permitiría movilizar de inmediato unos 45.000 millones de euros a partir de 2028 para apoyar a los agricultores y a las comunidades rurales.
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