La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó en un almuerzo organizado por ADM (Asociación de Dirigentes de Marketing) los fundamentos de la política económica, entre ellos el objetivo de reducir la inflación.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó en un almuerzo organizado por ADM (Asociación de Dirigentes de Marketing) los fundamentos de la política económica, entre ellos el objetivo de reducir la inflación.
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En su discurso comentó que le gustaría que las expectativas de inflación de los empresarios fueran menores, porque impactan en los precios. “Lo que se espera, se traslada a los precios”, señaló. Es cierto, y por eso las expectativas son muy relevantes.
En efecto, bajar la inflación es uno de los principales objetivos de la conducción económica y así se muestra en la voluntad explícita del Banco Central del Uruguay (BCU) de llevar la inflación a su rango meta que va de 3 a 6%. La política monetaria que lleva adelante el BCU es coherente con este objetivo: ha procesado un fuerte aumento de la tasa de interés durante todo el año pasado, y recién ahora -ante el estancamiento de la economía con recesión técnica-, se definió una baja modesta en la tasa de interés, aunque permanece el sesgo contractivo de la política monetaria.
El problema que emerge actualmente es que, al mismo tiempo, el gobierno se ha planteado el objetivo de aumentar el salario real para llevarlo a los niveles pre pandemia, que eran máximos históricos. Para esto ha convenido aumentos mayores en los Consejos de Salarios en la última ronda de negociación, de tal manera que el Índice Medio de Salarios (IMS) subió 10,5% en el año móvil a marzo, con sectores con subas anuales de 11-12% o superiores.
Conciliar este objetivo de aumento salarial con la baja de la inflación no es sencillo, y esto lo saben bien los empresarios a los que Arbeleche les pide que bajen sus expectativas de inflación. Dado que los salarios son el costo principal en buena parte de las empresas, parece lógico que los empresarios atiendan a las pautas salariales como elemento clave para definir sus precios. Esto fue reconocido en una reunión reciente de los directores del Banco Central con periodistas especializados en economía: las expectativas empresariales de inflación son influidas de manera importante por los aumentos salariales. La política salarial incide en la política monetaria.
¿Es posible aumentar salarios sin aumentar precios? Por supuesto, básicamente a través de aumentos en la productividad, entendida como mayor producción por hora trabajada, con los matices que puede tener esta definición. Sin embargo, buena parte de las negociaciones salariales no incluyen aumentos de productividad. Es más: cuando las empresas invierten y automatizan (caso de Conaprole) el conflicto emerge casi de inmediato. Las relaciones laborales y las pautas salariales ayudan poco a bajar la inflación.
Otra pieza faltante para articular una política antiinflacionaria más completa tiene que ver con la formación de precios y la apertura de mercados, en especial en algunos sectores. En los últimos meses uno de los componentes que más ha incidido en la inflación son los precios de frutas y verduras, así como también otros alimentos. Allí se incluyen varios productos granjeros que tienen protección comercial implícita: no es posible importarlos libremente y -por lo tanto- al sobrevenir la sequía los precios aumentan drásticamente, sin posibilidad de mitigar con oferta importada.
Esta semana, sin ir más lejos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó a los importadores de carne aviar cuáles serían las condiciones de importación, en un mercado restringido y regulado. Esto tiene consecuencias sobre la dinámica de precios al consumo y complica la lucha contra la inflación. Y el caso de los productos granjeros no es el único: hay muchos sectores de servicios (desde la salud hasta el puerto) donde los aumentos de costos suelen trasladarse casi automáticamente a las tarifas y precios. Incorporar la productividad es difícil.
Así, el Banco Central aparece bastante solo en su lucha antiinflacionaria. Su capacidad técnica y solvencia es incuestionable. Pero si otras áreas (política salarial, apertura de mercados y puede haber otras) no acompañan en la misma línea, se hace más difícil llegar a la meta y los empresarios tendrán expectativas inflacionarias superiores a lo que desea el gobierno.
Desde el punto de vista político y a corto plazo, tiene menos “costo” subir la tasa que negociar aumentos salariales menores o abrir mercados que afecten sectores productivos sensibles. Pero si eso no se hace, se mantendrá una inercia de precios que dificulta bajar la inflación. Y el aumento de tasas tendrá un impacto más fuerte en el tipo de cambio que en los precios al consumo. La inflación ha bajado, pero a costa de un retraso cambiario que se está haciendo agudo. Esto afecta el empleo, primero en los sectores que compiten con el exterior, luego en toda la economía.
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