Para el jerarca, la expansión de las políticas públicas choca directamente con la necesidad de contener el gasto para no deteriorar el perfil crediticio del país.
Díaz planteó que ceder a la presión del gasto para cumplir objetivos políticos inmediatos terminaría por encarecer el financiamiento soberano de Uruguay.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que la restricción fiscal frena políticas públicas que el propio oficialismo quiere llevar adelante, y que eso genera frustración adentro del equipo de gobierno, pero al mismo tiempo, defendió con firmeza la responsabilidad fiscal como una condición que Uruguay no puede abandonar si quiere seguir siendo un país confiable para los mercados internacionales.
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"El sentimiento, a veces, que uno pueda tener en algunos aspectos de frustración de no poder llevar adelante o desarrollar a plenitud una política pública por falta de presupuesto debido a la situación fiscal, lo tenemos todos", dijo Díaz en rueda de prensa.
Sin embargo, el prosecretario aclaró que esa frustración no habilita a ignorar las restricciones: "Nosotros tenemos una responsabilidad que es gobernar y esa responsabilidad la llevamos adelante".
El jerarca vinculó directamente la disciplina fiscal con la capacidad de Uruguay de seguir financiándose en los mercados internacionales y de atraer inversión extranjera, dos pilares que, según explicó, no son negociables.
"Si tenemos que tener responsabilidad fiscal, Uruguay es un país que tiene un grado de inversor, Uruguay es un país que coloca en los mercados deuda por 6.800 millones de dólares todos los años y que necesita mantener su grado de inversor, que necesita inversión extranjera", aseguró Díaz.
Uruguay coloca deuda soberana en los mercados internacionales de manera regular y su calificación de grado inversor, sostenida por las principales agencias como Moody's, que en enero de 2026 ratificó la nota en Baa1 con perspectiva estable, es uno de los activos institucionales más valorados del país. Perder esa calificación implicaría un encarecimiento inmediato del financiamiento y una señal negativa para los flujos de inversión extranjera directa, que ya mostraron salida neta en 2025.
Pese a la defensa de la austeridad, Díaz no ocultó la tensión interna que genera gobernar con los márgenes actuales: "Eso no quita que uno pueda sentirse en algún momento frustrado o con bronca por no poder llevar adelante un proyecto que de repente lo ilusiona o que piensa que va a resolver los problemas de la gente".
El telón de fondo es el presupuesto quinquenal 2025-2029, aprobado en diciembre de 2025, que proyecta un déficit fiscal del 4,5% del PBI para 2026, el punto más alto del quinquenio, con una trayectoria de descenso que recién llegaría al 3% en 2029. En ese marco, el margen para nuevos gastos es estrecho y cada política pública nueva compite con compromisos ya asumidos.
Las palabras de Díaz reflejan una tensión que el Frente Amplio (FA) viene administrando desde que asumió, la de un partido con una agenda de expansión de derechos y servicios públicos que gobierna con una herencia fiscal que no da mucho margen. El gobierno apostó por la responsabilidad fiscal como señal hacia los mercados, pero eso tiene un costo político interno que, según quedó claro en la rueda de prensa, no todos están dispuestos a disimular.