Las 3 claves del proyecto del Banco Central del Uruguay para reforzar la protección a los inversores

La autoridad monetaria remitió la iniciativa al Ministerio de Economía y Finanzas para regular a empresas que canalizan ahorro hacia inversiones productivas.

El Banco Central del Uruguay remitió al MEF el anteproyecto para incrementar la protección a los inversores.

Foto: BCU

El Banco Central del Uruguay (BCU) envió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el anteproyecto de ley para regular a las empresas que canalizan ahorro hacia inversiones productivas, con el objetivo de proteger a los inversores en casos como los de Conexión Ganadera, Grupo Larrarte y República Ganadera.

Tras los episodios que se desencadenaron a fines del año pasado con las firmas que estafaron a miles de ahorristas, el BCU busca modificar su Carta Orgánica para ampliar su perímetro regulatorio y brindar mayores garantías a los inversores.

Al mismo tiempo, pretende impulsar instrumentos financieros que dinamicen la inversión productiva bajo un marco de mayor transparencia y seguridad jurídica, fomentando así “un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos”.

El Banco Central del Uruguay amplía su ámbito de regulación

Entre los cambios que contempla la propuesta aparece ampliar el ámbito de regulación y control del BCU, incluyendo las entidades que, aún sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público.

El anteproyecto considera que se configura una operación financiera cuando existe un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero.

Mayor supervisión y controles

En cuanto a la supervisión, la iniciativa busca incrementar las facultades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores.

En estos casos, la SSF podrá “requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la Dirección General Impositiva (DGI), donde además no podrá ser oponible el secreto profesional”.

Al mismo tiempo, la autoridad tendrá a disposición la posibilidad de “ordenar el cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos”.

Educación financiera y comunicación

Después de lo ocurrido con los denominados fondos ganaderos, el BCU implementa y se compromete a profundizar acciones que tienen por objetivo proteger al inversor y dinamizar el mercado de valores, vinculadas a acciones de comunicación y educación financiera para prevenir conductas fraudulentas.

Con relación al mercado de valores, el BCU indicó que apunta a “consolidar una arquitectura regulatoria escalonada que fomente el desarrollo empresarial, manteniendo como principios la adaptación a la realidad nacional, la eficiencia de costos, la protección del inversor y la eliminación de saltos regulatorios”.