Estiman que unas 7.500 personas al año optarían por esta vía, generando un impacto fiscal máximo de 0,15 puntos del PIB hacia 2040.
En la última década, el 36% de los uruguayos se retiró exactamente a los 60 años, lo que demuestra una fuerte demanda latente por la jubilación anticipada.
El gobierno avanza en un proyecto para crear una causal jubilatoria anticipada que permita a cualquier trabajador con 30 años de aportes retirarse a los 60 años, pero con la condición de que quienes utilicen ese beneficio no puedan seguir trabajando, a diferencia de lo que sí pueden hacer hoy quienes se jubilan a la edad normal de 65 años.
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La precisión surgió de boca de la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica de esa instancia. "Esta causal adelantada no sería compatible, si uno la utiliza antes de los 65 años con el trabajo, que es una de las cosas que mitiga su utilización", explicó Pardo.
La aclaración resulta clave porque la reforma de la seguridad social aprobada en 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou había introducido, como una de sus principales novedades, la posibilidad de que un jubilado continuara trabajando incluso dentro del mismo sector de afiliación por el que se había retirado, algo que antes no estaba permitido. Esa flexibilización, sin embargo, fue pensada para quienes se retiran a la edad normal de 65 años, meta a la que la reforma llegó de forma escalonada: la edad jubilatoria comenzó a subir para los nacidos a partir de 1973, que se jubilan a los 61 años, y aumenta un año por cada generación hasta llegar a los nacidos desde 1977, que deben esperar hasta los 65 para configurar la causal normal.
El objetivo del gobierno, según se desprende tanto de las declaraciones de Pardo como de un documento elaborado por el propio BPS y publicado en junio, es que la nueva causal anticipada no termine siendo utilizada de manera masiva, lo que encarecería el sistema previsional.
La incompatibilidad con el trabajo es, junto con un ajuste al suplemento solidario derivado del adelanto en la edad de retiro, uno de los dos mecanismos que el organismo identificó como moderadores del uso de este beneficio. El propio informe del BPS es explícito al respecto: "Entre los principales factores que inciden sobre su utilización se destacan la eventual incompatibilidad entre jubilación anticipada y actividad laboral, así como el ajuste del suplemento solidario derivado del adelanto de la edad de retiro, elementos que operan como mecanismos de moderación de la utilización de la causal anticipada".
El documento del BPS, que tuvo como objetivo cuantificar los efectos financieros y distributivos asociados a la incorporación de esta causal, aporta además un dato de contexto histórico: en los últimos diez años, la edad promedio de retiro efectivo en Uruguay fue de 62,6 años, y un 36% de los trabajadores se jubiló exactamente a los 60 años, la edad mínima que habilitaba el sistema previo a la reforma de 2023. Ese antecedente sugiere que existe una demanda latente por retirarse antes de los 65, que es justamente lo que el gobierno busca canalizar con la nueva causal, aunque con las restricciones que apunten a evitar un uso extendido.
Según las proyecciones del organismo, la utilización de la causal anticipada podría llegar a unas 7.500 personas por año hacia 2050, bajo el supuesto de que serían principalmente los cinco deciles de menores ingresos quienes optarían por jubilarse antes de los 65, al no verse perjudicados por esa decisión.
El escenario que combina la nueva causal con un ajuste del suplemento solidario estima un impacto fiscal máximo de 0,15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el quinquenio 2040-2044, que luego iría reduciéndose en el largo plazo, dado que las jubilaciones generadas bajo este régimen tienen, en promedio, un monto menor al de quienes esperan hasta los 65 años.
El planteo llega en el marco del proceso post Diálogo Social sobre protección social convocado por el propio gobierno, que había recomendado explorar una ampliación de las posibilidades de retiro anticipado.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, había adelantado meses atrás que un trabajador de ingresos medios o altos podrá optar por retirarse a los 60 años, pero deberá asumir una jubilación menor a la que recibiría si continuara en actividad hasta los 65: "Lo que va a recibir en general es una tasa de retorno menor, uno se autofinancia el derecho, la libertad de poder jubilarnos antes de los 65 años. Pero la edad normal va a ser 65 años", explicó en esa oportunidad. Según sus propias estimaciones, únicamente los trabajadores que reciben el pilar solidario, cerca de un tercio del total, accederían a la nueva causal en condiciones similares a las vigentes antes de la reforma de 2023, mientras que el resto podría hacerlo, pero asumiendo el costo de una prestación menor.