Las claves del documento que redefine el futuro de las jubilaciones y los subsidios a las infancias vulnerables

El informe de Diálogo Social no busca la unanimidad, sino presentar las opciones y discrepancias de los actores sociales para las reformas que se vienen.

La propuesta de centralizar las cuentas individuales busca mayor eficiencia, mientras que las AFAP se enfocarían exclusivamente en maximizar la rentabilidad de los fondos.

El informe final del proceso de Diálogo Social, presentado al Poder Ejecutivo, sintetiza los principales lineamientos para una eventual reforma del sistema de protección social y es resultado de más de un año de trabajo técnico con participación de actores políticos, sociales y empresariales.

El estudio se estructura en torno a cuatro áreas: infancia, sistema de cuidados, población en edad activa y jubilaciones. Su contenido combina acuerdos, diagnósticos comunes y también diferencias explícitas entre los participantes. Durante el evento de lanzamiento, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, subrayó el carácter abierto del documento y su proyección intergeneracional.

"Es un documento que señala elementos de diagnóstico común, avances importantes y hojas de ruta relevantes para el diseño de políticas, y también diferencias y discrepancias", afirmó Arim. En ese marco, sostuvo que el proceso permitió "sistematizar las opciones que el país puede recorrer en esta materia" y remarcó que no se buscó unanimidad, sino construir una "caja de herramientas" para la toma de decisiones.

Lineamientos previsionales y cambios en el sistema mixto

En materia previsional, el informe mantiene la edad de retiro en 65 años, al tiempo que incorpora mecanismos de jubilación anticipada desde los 60 años bajo determinadas condiciones. El texto plantea la necesidad de asegurar niveles de ingreso adecuados, especialmente en los sectores de menores aportes, e introducir mayor flexibilidad en el acceso al retiro, en un contexto de envejecimiento demográfico.

El documento también propone cambios en la organización del sistema mixto. Se sugiere centralizar la administración de las cuentas individuales en un organismo público, mientras que las AFAP pasarían a competir en la gestión de inversiones. Asimismo, se plantea la implementación de fondos generacionales, con esquemas de rentabilidad comunes para cada etapa.

Foco en infancia y rediseño de transferencias

Uno de los énfasis más claros del informe está en la infancia. Allí se prevé el fortalecimiento de transferencias y prestaciones dirigidas a hogares vulnerables con la posibilidad de que algunas medidas sean consideradas en la próxima Rendición de Cuentas. Arim adelantó que el "sistema de protección social de la infancia va a estar sujeto a profundas modificaciones" con el objetivo de lograr mayor "solvencia, transparencia y sostenibilidad".

Sobre este punto, la coordinadora del proceso, Viviana Piñeiro, detalló que una de las orientaciones centrales es avanzar hacia un sistema de transferencias más integrado. "Se propone unificar prestaciones actuales en una única transferencia, con montos más elevados y progresivos, con foco en las poblaciones más vulnerables", explicó. También señaló que el documento toma como referencia la canasta básica alimentaria de Montevideo para la definición de esos montos, incorpora refuerzos específicos para la primera infancia con incrementos del 50% en algunos casos y evalúa la posibilidad de eliminar condicionalidades, acompañando esa medida con mayores mecanismos de seguimiento.

En relación al sistema de cuidados, el informe propone ampliar la cobertura de servicios y fortalecer su articulación con el mercado laboral, incluyendo referencias al reconocimiento del trabajo no remunerado. A su vez, se plantean líneas de acción vinculadas a trabajadores independientes y a la revisión de distintos regímenes de licencias, en el marco de una agenda más amplia de protección a la población en edad activa.

Diferencias, consensos y próximos pasos

El coordinador del proceso, Hugo Bai, puso el foco en la lógica deliberativa del documento. "Los consensos son sospechosos de que hay algo que no está funcionando bien”, comentó y luego agregó que uno de los objetivos fue explicitar con total "transparencia los matices y las divergencias". En ese sentido, insistió en que el informe busca no solo identificar acuerdos, sino también dejar planteadas las diferencias sobre temas clave.

El documento no establece un conjunto de reformas, sino que reúne propuestas con distintos niveles de consenso que serán evaluadas en el ámbito legislativo. Desde el poder ejecutivo, se señaló que varias de las medidas vinculadas a infancia podrían comenzar a implementarse en el corto plazo, mientras que otros aspectos, como los cambios en el sistema previsional, requerirán un tratamiento más amplio que podría extenderse al resto del periodo de gobierno.