La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) cerró el 2025 con un déficit aun mayor al del año previo incluso con la ley de reforma, y enciende nuevas alarmas en un momento crítico para la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo.
La Caja Bancaria profundizó su déficit aunque apunta a "resultados auspiciosos" de la reforma
El ejercicio del 2025 cerró con pérdidas por $ 3.833 millones, y enciende nuevas alarmas respecto a la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo.
-
Cómo reaccionó el riesgo país a los cambios planteados para el sistema previsional
-
El BPS impulsa un proyecto para refinanciar las deudas previsionales con foco en las pymes
La Caja Bancaria de Uruguay atraviesa un punto crítico en sus finanzas.
La Caja Bancaria, pese a haber resuelto relativamente rápido el proyecto de reforma financiera que buscó garantizar su sostenibilidad, volvió a cerrar un ejercicio con números rojos en 2025: las pérdidas alcanzaron los 3.833 millones de pesos —unos 95 millones de dólares, aproximadamente— , y profundizaron la tendencia deficitaria que afecta al instituto previsional.
El impacto es mayor todavía si se tienen en cuenta que, en 2024, el déficit fue de 3.187 millones de pesos, menor al rojo del año pasado. Aunque, en contrapartida, los ingresos operativos netos fueron mejores que en el ejercicio previo: 27.782 millones de pesos —unos 691 millones de dólares— contra 26.407 millones de pesos.
Lo cierto es que los datos derivados de los balances aprobados por la propia Caja Bancaria vuelven a encender alarmas respecto del sistema previsional uruguayo, particularmente sobre el esquema actual, que fue señalado por su "sobrecosto muy elevado" para la actividad bancaria. En ese sentido, y según las notas de la institución, el desequilibrio entre ingresos y egresos operativos provocó la acumulación de resultados negativos que llevaron a que el patrimonio se volviera negativo a partir de 2023.
"Resultados auspiciosos" de la reforma, aunque con luces amarillas
Pese a los mejores resultados operativos, otro ítem de los balances que enciende luces amarillas es el del pago de jubilaciones y pensiones, el cual demandó 29.673 millones de pesos —unos 738 millones de dólares—; una cifra superior no solo a los recursos generados, sino también a la requerida durante el 2024. A esto, además, se sumaron gastos administrativos y costos financieros que, en total, explican el déficit resultante.
Pese a estas cifras, desde la CJPB señalaron que se ven "resultados auspiciosos" debido al "proceso de transición gradual generado a partir de la última reforma" del organismo, y destacaron "una evolución favorable de los ingresos y una tendencia a la baja de los egresos, observándose un buen desempeño del incentivo a la permanencia en actividad".
Cabe recordar que, en 2023, el Parlamento aprobó por unanimidad la ley 20.208 de reforma de la Caja Bancaria para financiar el déficit operativo del instituto previsional y evitar el agotamiento de reservas. La normativa incorporó fuentes de financiamiento como mayores aportes patronales —Prestación Complementaria Patronal (PCP)—, contribuciones adicionales de jubilados y pensionistas, un aporte extraordinario de bancos públicos y privados y la posibilidad de acceder a endeudamiento con garantía estatal. Esta última permitió, el año pasado, un préstamo del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para el pago de prestaciones.
El "sobrecosto" de los aportes patronales
Más allá de este optimismo en el directorio de la CJPB, las proyecciones oficiales elaboradas durante la discusión parlamentaria señalaron que el organismo podría recuperar el superávit operativo recién hacia 2034; y que, en el mientras tanto, el sistema seguirá dependiendo de mayores aportes, endeudamiento y respaldo estatal para cubrir sus obligaciones corrientes.
Esto es un punto de polémica al interior del sistema financiero, en tanto la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (APBU) considera que el sector está realizando un esfuerzo "muy superior" al habitual para sostener la Caja Bancaria, con una aporte patronal que supera el 56%, muy por encima de las cargas existentes en otros sectores de actividad.
El contexto además, registra una tendencia descendiente en el promedio de los cotizantes —que, en 2025, fue de 17.822, cuando en 2016 había sido de 20.683—, lo que tensa aun más un sistema en estado crítico, que cuenta con 20.076 pasivos al cierre del año pasado —un aumento del 0,48% respecto del año anterior—, dando cuenta también de un desequilibrio demográfico que afecta a todo el sistema previsional y pone en jaque, particularmente, a las cajas paraestatales.

