La investigación parlamentaria permitió constatar "desprolijidades" en el proceso de compra de las patrulleras oceánicas.
El contrato con el astillero Cardama fue rescindido por el gobierno de Yamandú Orsi en 2025 tras detectarse irregularidades financieras, lo que derivó en una denuncia ante la Justicia penal.
La comisión investigadora que analiza la frustrada compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español, Cardama, avanza en la recopilación de información y ya arrojó conclusiones preliminares sobre el polémico proceso impulsado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, según afirmó el diputado del Frente Amplio (FA), Joaquín Garlo.
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En entrevista con Radio Carve, el legislador sostuvo que las comparecencias realizadas en los últimos meses permitieron detectar "elementos contundentes" que muestran "la desprolijidad con la que se llevó adelante el proceso previo a la celebración del contrato".
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la comisión, según Garlo, fue el cambio de criterio respecto a las exigencias técnicas que la Armada Nacional había elaborado para una compra anterior.
El diputado recordó que en 2022 el Ministerio de Defensa (MD) había impulsado llamados para la adquisición de material naval nuevo y usado, respaldados por un pliego técnico con más de 80 requisitos definidos por especialistas de la Armada. Sin embargo, aseguró que cuando apareció la oferta de Cardama en 2023, ese conjunto de condiciones fue dejado de lado. "El primer elemento llamativo es por qué se dejaron de lado todas esas condiciones técnicas que se habían trabajado para conseguir el mejor material posible", cuestionó.
Garlo también señaló como un hecho relevante una reunión celebrada en dependencias del MD antes de la adjudicación definitiva. Según indicó, la documentación analizada por la comisión permitió constatar que en una sala contigua al despacho del entonces ministro Javier García participaron representantes de Cardama, oficiales de la Armada y jerarcas ministeriales.
"Todavía no sabemos si el ministro estuvo o no estuvo porque nadie de los que ha ido a declarar a la comisión lo recuerda", afirmó. Para el legislador, la secuencia de reuniones y decisiones adoptadas durante el proceso genera interrogantes que continúan siendo objeto de investigación.
Uno de los puntos centrales de la investigación refiere a las garantías presentadas por la empresa española. Garlo afirmó que la comparecencia del estudio jurídico que asesoró al Ministerio de Defensa permitió concluir que existieron graves problemas en el proceso de validación de la documentación.
"Las garantías son truchas, esa es la razón por la cual se rescindió el contrato", sostuvo. Según explicó, los asesores jurídicos habían advertido al ministerio que si las garantías no se constituían correctamente dentro del plazo establecido, el contrato no debía entrar en vigencia.
"El contrato nunca debió haber entrado en vigencia", aseguró. La rescisión de la compra fue anunciada por el gobierno de Yamandú Orsi en 2025, luego de detectar irregularidades en la documentación presentada como respaldo financiero por Cardama. Posteriormente, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el caso.
Además de las garantías, la comisión analiza el mecanismo utilizado para habilitar desembolsos previstos en el contrato. Garlo explicó que el primer pago, por unos 8 millones de euros, quedó asociado a la presentación de las garantías. Según su interpretación, la documentación cuestionada permitió que la empresa cobrara ese monto.
La comisión también investiga el denominado "hito B", que habilitaba un segundo pago una vez presentada determinada documentación técnica. El diputado relató que dos días antes del cambio de gobierno, en febrero de 2025, llegó a la Armada un correo electrónico con los documentos requeridos para activar ese desembolso.
"Lo llamativo es que el mismo día que se recibe la documentación, sin ningún tipo de control previo, la Armada remite el documento para poder activar el segundo pago", señaló. A partir de las declaraciones recogidas por la comisión, Garlo afirmó que existen dudas sobre si se realizaron los controles correspondientes antes de validar la documentación. "Este proceso en principio es altamente llamativo y está siendo objeto también de nuestra investigación", sostuvo. La investigadora parlamentaria tiene plazo para funcionar hasta agosto de este año, aunque ese período podría extenderse mediante una resolución legislativa.