El estado de la deuda pública en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) sigue siendo una de las preocupaciones de la gestión financiera en Uruguay, al punto que es, incluso, uno de los aspectos pendientes señalados con asiduidad por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus reportes sobre el país; en ese sentido, el proyecto de Rendición de Cuentas 2024 hizo un ajuste en el porcentaje de deuda al cierre del ejercicio pasado.
La deuda pública sigue alta y se suma al abanico de preocupaciones económicas del gobierno
Si bien la relación con el PBI mostró una mejora respecto de años anteriores, todavía está por encima del 50%, lo que complica más el escenario fiscal.
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La deuda pública sigue alta y se suma al abanico de preocupaciones económicas del gobierno.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, presentó el proyecto de Rendición de Cuentas con un énfasis especial no solo en la situación fiscal —la cual calificó como “desafiante, pero manejable”— , sino también en las necesidades de endeudamiento para este año. Al respecto, el proyecto solicitó elevar dicho tope —establecido en la regla fiscal— para hacer frente a la proyección de déficit fiscal para 2025, la “pesada herencia” del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Esto se debe a que el endeudamiento neto del gobierno derivado del plan financiero para este año se proyecta en 3.199 millones de dólares, mientras que el tope legal de endeudamiento neto presentado en el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas de 2024 es de 3.450 millones de dólares.
La deuda, un pendiente de la economía uruguaya
El proyecto de Rendición de Cuentas incluyó, asimismo, una corrección del total de stock de deuda pública neta del gobierno en 2024: mientras el informe de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF había indicado 43.470 millones de dólares (53,3% del PBI), el ajuste de la actual gestión señaló un total de 49.560 millones —equivalentes a más de 2 billones de pesos—, pero un porcentaje del 52,9% del PBI.
De todos modos, el resultado de endeudamiento significó un aumento de 8% puntos porcentuales respecto del valor pre pandemia en relación con el total del producto, cuando asumió el gobierno anterior. En términos monetarios, la variación alcanza los 109.446.514.000 pesos. Es decir, prácticamente se duplicó —también en dólares, donde la diferencia ronda los 20.000 millones.
Cabe recordar que, el año pasado, el MEF solicitó elevar el tope de deuda en un 30%, según lo permitido por el artículo 699 de la ley N°19.924 de presupuesto 2020-2024, que implementó la regla fiscal; y, por primera vez en el quinquenio, incumplió los tres pilares de dicha regla.
En ese entonces, la explicación oficial apuntó a una caída de la inflación más rápida de lo esperado —con el impacto consiguiente en la recaudación— y al menor crecimiento proyectado. Sin embargo, la actual gestión apuntó también al “deterioro asociado al ciclo electoral”, el cual estuvo acompañado de maniobras como el adelanto de ingresos y la postergación o el no registro de egresos que no permitieron dar cuenta del verdadero déficit fiscal —hoy estimado en 4,6%-- “suavizando” el complejo panorama económico.
Esta situación de elevado endeudamiento en relación con el PBI viene siendo uno de los desafíos a superar por parte de la economía uruguaya, señalado por el FMI: si bien hubo una mejora desde los porcentajes superiores al 60% de años anteriores —el informe de la UGD señaló una deuda bruta del 57,2% del PBI a fines del 2024, lo que representó una disminución del 1,3% respecto del 2023—; todavía sigue siendo un punto de preocupación que el nuevo gobierno también deberá tener en cuenta.
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