El Poder Judicial solicitó el desarchivo del caso Gas Sayago como una respuesta a la solicitud del abogado representante de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Gustavo Bordes, y establecieron que solicitarán más declaraciones para intentar probar la injerencia del gobierno brasileño en la contratación de la empresa brasileña OAS, para la construcción de una parte de las obras.
La Justicia desarchivó el caso de Gas Sayago
La Fiscalía solicitará nuevas declaraciones para ampliar la investigación sobre la injerencia del gobierno brasileño en la contratación de OAS.
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Desde la Fiscalía General de la Nación establecieron que se solicitarán más declaraciones con el objetivo de ampliar la investigación e intentar “constatar la eventual injerencia de autoridades del gobierno brasileño en el uruguayo” en la contratación de la empresa brasileña. Además, la Fiscalía establece que existen “hechos que, siendo anteriores, no eran conocidos, y que tienen relación con la cuestión que se investiga”, lo que provocó que se desarchive la causa.
La solicitud de desarchivo por parte del abogado de Ancap señalaba que “la prueba por exhortos no se diligenció de la forma solicitada”, según confirmó El País. Además, remarcaba que cuando la causa se archivó se llevó a cabo “sin perjuicio de eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades de la República de Brasil”.
Cuando se realizó el pedido de archivo en el mes de junio, tenía la característica de ser “sin prejuicio” por lo que el fiscal de ese momento, Luis Pacheco, dejó en claro que el caso puede reabrirse, ya que en su momento existía un pedido de información a Brasil, y este proceder se daría ante "eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades" del gigante sudamericano.
Las claves del caso
La planta regasificadora Gas Sayago comenzó a construirse en el año 2013, cuando el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, era el presidente de Ancap. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas ante la falta de interés de Argentina en comprar gas.
Por aquel entonces, el Poder Ejecutivo había otorgado a Gas Sayago, cuya composición accionaria estaba repartida en un 79,35% en UTE y un 20,65% en Ancap, la concesión de un gasoducto que iba a conectar la terminal de Puntas de Sayago con el Gasoducto Cruz del Sur en Argentina.
Gas Sayago se encuentra en proceso de liquidación desde el año 2019, desde entonces, la empresa significó pérdidas para el Estado por más de 9,55 millones de dólares en materia de arrendamiento a la Administración Nacional de Puertos (ANP), asesoría legal, vigilancia, entre otros gastos.
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