La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por organizaciones sociales y ambientalistas en contra de la prospección sísmica, lo que les permite a las empresas seguir con una actividad que, según los denunciantes, vulnera el ecosistema marítimo y las actividades económicas que la rodean; desde las asociaciones aseguraron que apelaran el fallo judicial.
La semana pasada, organizaciones ambientalistas, junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), presentaron un recurso de amparo contra la prospección sísmica en aguas uruguayas, al considerar que la actividad está generando impactos negativos en el ambiente marino y en la industria pesquera.
Luego de dos largas audiencias donde las partes implicadas ofrecieron testigos para defender su causa, este viernes se emitió la sentencia donde se establece que la Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por las asociaciones, por lo que las actividades de prospección sísmica pueden continuar.
En tanto, las organizaciones sociales apelarían al fallo ya que el abogado ambientalista, Hoenir Sarthou, lo había anticipado anteriormente. “Seguramente habrá una instancia de apelación”, afirmó la semana pasada. Anteriormente, Sarthou explicó que el recurso se fundamenta tanto en la protección ambiental como en la defensa de la actividad pesquera, dos áreas que podrían verse afectadas por la prospección. En ese sentido, remarcó que el reclamo apunta a resguardar “la actividad pesquera y la situación ambiental”.
La defensa del gobierno
Luego de la presentación del recurso de amparo, el gobierno volvió a defender la prospección sísmica ya que abre una oportunidad económica para Ancap en caso de que se confirmaran las reservas de hidrocarburos. “Para saber si hay petróleo o no, primero hay que investigar”, sostuvo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Sánchez destacó que el proceso cuenta con exigencias ambientales estrictas por parte del Ministerio de Ambiente y consideró “natural y legítimo” el planteo de los grupos que se oponen a la actividad. Sin embargo, remarcó que el país acumula más de 15 años de experiencia en exploración offshore, por lo que no se trata de una iniciativa novedosa sino de una búsqueda de mucho tiempo.
Desde el gobierno entienden que la posible existencia de hidrocarburos podría incidir en los precios de los combustibles y en la soberanía energética. En ese sentido, Sánchez insistió en que antes de discutir qué pasaría con la explotación, es necesario saber si Uruguay cuenta o no con recursos.
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